Desconfianza tras el cambio de cerraduras en los despachos de sus concejales destituidos

 


Nueva Canarias Santa Lucía denuncia un gesto de desconfianza tras el cambio de cerraduras en los despachos de sus concejales destituidos

Santa Lucía de Tirajana. Nueva Canarias Santa Lucía ha denunciado públicamente lo que considera una actuación irregular y un “maltrato institucional” tras la destitución, el pasado jueves, de tres de sus concejales en el Ayuntamiento de Santa Lucía.

Los ediles cesados —Yaiza Pérez, Ofelia Alvarado y Levi Ramos— aseguran que en la mañana del viernes, apenas un día después de su expulsión, tuvieron conocimiento de que se estaban cambiando las cerraduras de sus despachos personales, impidiéndoles acceder para retirar sus efectos y bienes particulares.

La organización política expresa su “profunda sorpresa” por la rapidez con la que se ejecutó la medida, que a su juicio transmite “una injustificada sensación de sospecha”, como si en los despachos se custodiaran bienes o documentación impropia. Consideran que se trata de una actuación “improcedente” y alejada de los usos institucionales habituales, especialmente cuando —según señalan— los concejales afectados han mantenido en todo momento una actitud correcta y respetuosa ante una destitución que atribuyen a una decisión unilateral del alcalde.

Nueva Canarias Santa Lucía califica estos hechos como un “trato injustificado y desproporcionado”, impropio de una administración pública democrática y contrario a los valores de transparencia, normalidad institucional y respeto personal que, recuerdan, han caracterizado históricamente al Ayuntamiento de Santa Lucía.

Los tres concejales lamentan la situación de inestabilidad que, a su juicio, atraviesa actualmente la corporación municipal y rechazan unas prácticas que consideran inéditas en la institución y que, según afirman, contribuyen a deteriorar el clima político y la confianza ciudadana en sus representantes públicos.

La formación nacionalista reafirma su compromiso con la defensa del respeto institucional, la dignidad de las personas y el correcto funcionamiento de las administraciones públicas como principios irrenunciables de su acción política.