.jpg)
Cierran el centro con 148 menores migrantes de Arinaga tras intervención policial
La Justicia ordena el cierre de un segundo centro de menores migrantes gestionado por Quórum Social 77
Dos detenidos en una operación que afecta a 148 menores del centro José García I de Arinaga tras meses de investigación
La crisis en los centros de acogida de menores migrantes en Canarias se agrava con el cierre judicial del centro José García I de Arinaga, que albergaba a 148 menores inmigrantes. La decisión del juez de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas se produce en el marco de una ampliación de las investigaciones sobre la gestión de la asociación Quórum Social 77, la misma entidad que ya vio cerrado otro de sus centros el pasado mayo.
La operación policial, desarrollada este jueves por la Policía Autonómica canaria, ha incluido seis entradas y registros, dos de ellos en centros de acogida ubicados en Arinaga y Firgas, y ha culminado con la detención de dos personas vinculadas a la organización investigada.
Antecedentes de la investigación
Este no es el primer golpe judicial contra Quórum Social 77. En mayo de 2025, las autoridades ya ordenaron el cierre del centro Emena la Fortaleza I, situado en Santa Brígida, también gestionado por esta misma entidad. Aquel precedente ya había puesto en el punto de mira la gestión de los recursos de acogida que la asociación administraba para el Gobierno de Canarias.
Las investigaciones apuntan a delitos de especial gravedad relacionados con el maltrato y la vulneración de derechos de los menores tutelados, un escenario que ha encendido todas las alarmas sobre el sistema de protección de menores migrantes en el archipiélago.
La reacción del Gobierno canario
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido la complejidad de controlar la situación con semejante volumen de menores tutelados. "Con tantos menores y durante tanto tiempo es difícil que los controles sirvan", ha declarado desde La Palma, donde participaba en el 40 aniversario del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Clavijo ha expresado su "máxima preocupación" por la vulneración de los derechos de los menores y ha lamentado lo sucedido, aunque ha precisado que se trata de una investigación bajo secreto de sumario. "Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto", ha señalado el mandatario autonómico.
El colapso del sistema de acogida
La situación evidencia el colapso del sistema de protección de menores migrantes en Canarias, que actualmente tiene bajo su tutela a 5.400 menores. Clavijo ha vuelto a insistir en la necesidad de acelerar los traslados a la península, criticando que hayan tenido que pasar cuatro meses para iniciar la distribución y que haya sido necesaria la intervención del Tribunal Supremo para "poner los puntos sobre las íes".
"Es evidente que una comunidad autónoma, un territorio fragmentado como somos en Canarias, es muy complicado que siga manteniendo un nivel de 5.400 menores que tenemos en la actualidad", ha subrayado el presidente, quien ha anunciado que se pondrá en contacto con la ministra de Infancia, Sira Rego, para hacer seguimiento del asunto.
Búsqueda urgente de alternativas
Mientras tanto, las autoridades canarias trabajan contrarreloj para encontrar una nueva ubicación para los 148 menores que se han quedado sin centro tras el cierre de la instalación de Arinaga. La situación pone de manifiesto la fragilidad de un sistema de acogida que depende en gran medida de entidades externas cuya gestión, como demuestra este caso, puede presentar graves deficiencias.
Un problema estructural
Clavijo ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje al resto de presidentes autonómicos, a quienes ha pedido que reflexionen sobre su postura "insolidaria", que según él contribuye a generar situaciones como la protagonizada por Quórum Social 77.
El caso pone de relieve las carencias estructurales de un sistema de protección de menores migrantes que opera al límite de sus posibilidades, con una sobrecarga que dificulta los controles efectivos y que, como reconoce el propio Gobierno canario, hacía previsible que surgieran este tipo de problemas.
La investigación judicial continuará su curso mientras las autoridades canarias intentan garantizar la protección de los menores afectados y buscan soluciones a una crisis migratoria que desborda la capacidad de respuesta del archipiélago.
.jpg)
