BOMBA POLÍTICA EN SANTA LUCÍA: El Ministerio de España declara tránsfugas al alcalde y a cinco concejales que se negaron a acatar su propia expulsión del partido y siguieron cobrando
BOMBA POLÍTICA EN SANTA LUCÍA: El Ministerio de Política Territorial de España declara tránsfugas al alcalde y a cinco concejales que se negaron a acatar su propia expulsión del partido y siguieron cobrando
El Gobierno de España ha intervenido de lleno en la mayor crisis política que vive el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. La Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial ha emitido un informe demoledor: el alcalde Francisco García López y cinco de sus concejales son tránsfugas. Punto. Y el alcalde habría cometido una ilegalidad al ignorar deliberadamente el informe de su propio secretario municipal para aferrarse al poder.
La historia arranca en marzo de 2026, cuando el Consejo Político Nacional de la coalición Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista (NC-FAC) tomó una decisión sin precedentes: expulsar a seis de sus cargos electos en Santa Lucía, incluido el propio alcalde. El secretario del Ayuntamiento fue claro en su informe del 18 de marzo: los seis expulsados debían pasar a la condición de concejales no adscritos, perder sus cargos de dedicación exclusiva y dejar de cobrar sus retribuciones.
Pero el alcalde no lo aceptó. En lugar de acatar el informe de su propio secretario, buscó otro informe que le diera la razón: el de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias. Y en el pleno del 30 de abril, ante la discrepancia entre ambos dictámenes, tomó la decisión que ha desencadenado todo lo que vino después: eligió públicamente el informe que le convenía y lo presentó al pleno como si fuera el válido.
Los tres concejales que permanecieron leales a Nueva Canarias —Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana— no se quedaron cruzados de brazos. Acudieron directamente al Ministerio de Política Territorial y le preguntaron cuál de los dos informes se ajustaba a la legalidad estatal. La respuesta llegó el 14 de mayo y no dejó margen para la interpretación: el informe del secretario municipal es el correcto. El del Gobierno de Canarias no tiene ni la autoridad ni la competencia para interpretar legislación básica del Estado. Y el alcalde, al elegirlo por encima del otro, habría actuado fuera de la ley.
Las consecuencias prácticas son mayúsculas: los seis concejales expulsados —incluido el alcalde— deberían haber perdido sus cargos con dedicación exclusiva desde el 16 de marzo. Lo que hayan cobrado desde entonces está en el aire. Y el grupo político NC-FAC, que antes contaba con 9 concejales, ha quedado reducido legalmente a solo 3, con la consiguiente reducción de su financiación municipal.
Nueva Canarias ya ha presentado un recurso de reposición para que el alcalde anule su decisión y ha acudido a la Delegación del Gobierno en Canarias para exigir el restablecimiento de la legalidad. Si el Ayuntamiento sigue sin acatar la normativa básica estatal, la Delegación del Gobierno podría iniciar acciones legales.
El alcalde, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas al respecto.
EL MINISTERIO LO DICE CLARO: TRÁNSFUGAS. EL ALCALDE ELIGIÓ EL INFORME QUE LE CONVENÍA. Y AHORA MADRID LE DICE QUE SE EQUIVOCÓ.
Fuentes: Informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial · Nota de prensa de Nueva Canarias · 22 de mayo de 2026
