Esta propuesta se ejecutará mediante la concesión de subvenciones directas a los 18 ayuntamientos, que a su vez las destinarán a la contratación de personas de hogares en los que ninguno de sus miembros recibe ninguna retribución o prestación, detalló el presidente insular, Antonio Morales.
Los ayuntamientos serán los encargados de la selección de personas que como mínimo, apuntó el consejero de Empleo, Gilberto Díaz, serán un 40 por ciento de cada sexo, y priorizarán la contratación de personas mayores de 45 años y desempleadas de larga duración pertenecientes a hogares sin recursos.
Trabajarán en obras y servicios de competencia municipal como la mejora y limpieza del litoral, rehabilitación de espacios recreativos y naturales, mejoras del paisaje, caminos rurales y reales, erradicación de especies invasoras, actuaciones de concienciación medioambiental o limpieza y rehabilitación de zonas municipales.
Las contrataciones tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 y un horario laboral que no podrá ser interior al 75 por ciento de 40 horas semanales. Como mínimo un 80 por ciento del personal a contratar será en la categoría profesional de peón, y el 20 por ciento restante podrá ser contratado en cualquier categoría necesaria para la ejecución de los trabajos o para fomentar la inserción sociolaboral de las personas beneficiarias.
Del total de los fondos, un millón de euros se distribuirá a partes iguales entre los 18 ayuntamientos a razón de 55.500 euros por ayuntamiento, y 2.750.000 euros lo será de forma proporcional en función del número de personas desempleadas del municipio, según los datos del Obecan de diciembre de 2017.
Los 250.000 euros restantes se distribuirán exclusivamente entre los municipios de Agaete, Gáldar, Santa Lucía, Guía y Telde, cuya tasa de paro según datos del Istac del segundo trimestre de 2017 supera la tasa de paro media de la Isla, que es del 24,30 por ciento. El reparto entre estos cinco ayuntamientos también se realizará en función de su número de desempleados según datos del Obecan de diciembre de 2017.
