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Una sentencia obliga al Gobierno Autónomo a abonar una subvención de más de 600.000 euros.

Una sentencia obliga al Gobierno Autónomo a abonar una subvención de más de 600.000 euros al Ayuntamiento

El anterior Ejecutivo regional denegó la ayuda a la Corporación por no haberle pagado una vieja deuda que entonces mantenía la administración municipal con la Consejería de Políticas Sociales

Las Palmas de Gran Canaria, jueves 5 de mayo de 2016.-

Una sentencia condena al Gobierno de Canarias a pagar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la cantidad de 613.534 euros por una subvención que no fue abonada al equipo municipal de Atención a Infancia y Familia en el año 2014. Así al menos lo refleja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notificada el pasado día 18 de abril, que señala que no se justifica por parte de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda Ejecutivo autonómico, entonces liderada por la consejera regional Inés Rojas, la denegación de la subvención debido a una antigua deuda que mantenía el Consistorio y que no había sido abonada aún en ese momento.

La sentencia recoge que, según un informe de la propia Consejería de Economía del Gobierno Autonómico, queda acreditado que nueve de las diez cantidades que formaban parte de la vieja deuda que mantenía el Consistorio con Políticas Sociales, y que motivaron la denegación de la subvención, fueron abonadas. Sólo quedaba pendiente de pagar, en el momento de solicitar la subvención, una cantidad de 164.000 euros, que se zanjó poco después mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Instituto Canario de la Vivienda.

El texto de la sentencia señala además que no existe ningún tipo de fraude por parte del Consistorio (ya que la Ley exige estar al corriente de las obligaciones tributarias antes de recibir una ayuda), puesto que se ha cumplido el fin subvencionado. “Cuando además, dicho fin implica el funcionamiento de una actividad cuyo interés público es de primerísimo orden, queda descartado cualquier ánimo lucrativo que pueda esconderse tras los intereses particulares de personas o empresas, y en el supuesto aquí tratado, el no pago supone una clara vulneración del principio de confianza legítima, que rige en la concesión de una subvención de carácter extraordinario y directa para la persecución de objetivos de carácter social que deben presidir el principio de colaboración entre administraciones públicas”, recoge el fallo judicial.

El Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso administrativo ante el TSJC contra el Gobierno regional después de que el Ejecutivo rechazara por la vía administrativa un recurso de reposición de la Corporación municipal que reclamaba el abono de la subvención prometida.

Los 613.534 euros de la subvención estaban destinados a financiar planes de fomento de acciones incluidas en el Plan Integral del Menor para la financiación de los equipos municipales especializados en la atención a la infancia y a la familia, así como a los centros de día de la red municipal.

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