Los opositores de Policía Local trasladan a la Fiscalía contratos vinculados a los psicotécnicos de las convocatorias unificadas de Canarias

El colectivo de afectados sostiene que existen aspectos que deben ser esclarecidos tras la exclusión del 68,99% de los aspirantes en la prueba psicotécnica de 2026

El colectivo de aspirantes afectados por las oposiciones unificadas de Policía Local de Canarias ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife una denuncia acompañada de una ampliación documental para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal diversos datos relativos a la contratación pública vinculada a las pruebas psicotécnicas de las convocatorias unificadas celebradas en 2023, 2025 y 2026.

La iniciativa surge en un contexto marcado por la controversia generada tras la publicación de los resultados del psicotécnico celebrado el 19 de agosto de 2026, en el que 783 de los 1.135 aspirantes presentados, un 68,99%, fueron declarados "No aptos". Según denuncia el colectivo, la resolución se limitó a una calificación binaria de apto o no apto sin puntuación numérica, baremo previo publicado ni acceso a entrevista para los aspirantes excluidos.

Los afectados aseguran que los recursos de alzada presentados contra la prueba continúan pendientes de resolución y que, hasta la fecha, no han recibido copia de sus exámenes ni las puntuaciones desglosadas solicitadas en vía administrativa.

Contratos y resoluciones bajo examen


La documentación trasladada a la Fiscalía, según explica el colectivo, se basa exclusivamente en información oficial obtenida de fuentes públicas como la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), el Boletín Oficial de Canarias (BOC), distintos boletines provinciales y el Registro Mercantil.

Entre los aspectos remitidos al Ministerio Fiscal figura la existencia de tres contratos menores relacionados con la convocatoria de 2026 adjudicados a TEA Ediciones por un importe conjunto de 30.220,65 euros sin impuestos. Los afectados señalan que estos contratos coexistirían con la afirmación recogida en la Resolución 367/2026 de que el cuestionario utilizado en el examen era un test "inédito" y "no comercializado".

Asimismo, el colectivo destaca que la misma resolución hace referencia a una "empresa externa adjudicataria" encargada de intervenir en el proceso psicotécnico. Según los opositores, no han localizado en los contratos publicados por el órgano convocante ninguna adjudicación a una sociedad especializada en psicología relacionada con el proceso, extremo cuya verificación solicitan que sea comprobada por la Fiscalía.

La denuncia también incluye referencias a contrataciones realizadas en las convocatorias anteriores. En el caso de 2025, los aspirantes apuntan a dos contratos menores que suman 19.397,09 euros sin impuestos adjudicados varios meses después de la realización del examen. Respecto a la convocatoria de 2023, señalan tres contratos formalizados el mismo día por un importe global de 16.851,64 euros sin impuestos.

Solicitan transparencia y comprobaciones

Los promotores de la denuncia subrayan que no pretenden atribuir responsabilidades penales ni formular acusaciones directas contra personas físicas o jurídicas, sino trasladar hechos y documentación pública para que el Ministerio Fiscal determine si procede realizar comprobaciones adicionales.

Entre las cuestiones cuya aclaración solicitan figuran la naturaleza y validación del test utilizado en 2026, la contratación del equipo responsable de la evaluación psicológica, la existencia de los informes administrativos requeridos durante la tramitación de las recusaciones y diversos extremos relacionados con la publicidad y adjudicación de contratos vinculados al proceso selectivo.

"No reclamamos aprobados automáticos ni privilegios; pedimos rigor, transparencia, cumplimiento de las bases y total claridad sobre un proceso selectivo del que depende el acceso al empleo público en los ayuntamientos de Canarias", señalan desde la portavocía del colectivo.

Mientras tanto, los recursos administrativos interpuestos por los aspirantes continúan pendientes de resolución y la polémica en torno a las oposiciones unificadas de Policía Local de Canarias sigue abierta tanto en la vía administrativa como ahora en el ámbito de la Fiscalía.

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