Paralizado in extremis el desahucio de ocho familias vulnerables en el barrio capitalino de Santa Catalina
Las ocho familias residentes en un edificio de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria, han logrado esquivar el desahucio previsto para la mañana de este miércoles. La Sareb, entidad propietaria del inmueble, solicitó a última hora en el juzgado la suspensión del lanzamiento para abrir una vía de negociación y estudiar la firma de contratos de alquiler social, tras la fuerte presión vecinal y la presentación de informes que acreditan la extrema vulnerabilidad de los inquilinos.
La paralización se confirmó a las 10:00 horas, momento exacto en el que estaba programado el desalojo. Desde las 8:00 de la mañana, más de un centenar de personas convocadas por la plataforma ciudadana 'Derecho al Techo' se habían concentrado de forma pacífica frente a la puerta del edificio, bloqueando el acceso ante la presencia de los agentes del GOIA de la Policía Local bajo consignas como "Vecino, si no luchas nadie te escucha" o "Fuera fondos buitre de nuestros barrios".
Isabel Saavedra, abogada de las familias afectadas, fue la encargada de comunicar la resolución judicial a los concentrados. Según explicó la letrada, el conflicto se originó cuando la empresa propietaria original del edificio entró en concurso de acreedores. Los vecinos continuaron pagando sus cuotas de alquiler sin saber que la propiedad había cambiado, hasta que el inmueble fue adquirido en subasta por la Sareb. "Ellos siempre han querido pagar un alquiler, pero Sareb no les había admitido ninguna posibilidad de pago hasta ahora", apuntó Saavedra, recordando que es la tercera vez que se logra frenar este desalojo.
La situación habitacional de estas ocho familias es de extrema fragilidad. El colectivo 'Derecho al Techo' y los servicios municipales ya habían elaborado y remitido a la Sareb los correspondientes informes de vulnerabilidad, alertando de que entre los residentes afectados se encuentran varios menores de edad, personas dependientes y pacientes con patologías graves, incluyendo a una persona sometida a diálisis y otra con una enfermedad pulmonar crónica severa.
Sofía Olivares, portavoz de la plataforma ciudadana, celebró la suspensión como una "victoria de la lucha colectiva y la organización vecinal", advirtiendo de que, de no ser por la movilización ciudadana, estas familias se habrían quedado en la calle sin ninguna alternativa habitacional. Olivares destacó además la angustia vivida al encontrarse en un vacío legal temporal: los plazos impidieron acogerse al recién aprobado 'decreto Maricarmen' (que refuerza la protección de los inquilinos vulnerables), ya que este no entra en vigor hasta el jueves.
Tras esta suspensión temporal, el objetivo principal de los vecinos y su representación legal es que el compromiso de diálogo expresado públicamente por la Sareb se materialice cuanto antes en contratos de alquiler social que garanticen la permanencia definitiva de las familias en sus hogares.
