Cientos de aspirantes a Policía Local en Canarias recusan a la directora técnica de la prueba psicotécnica

La plataforma de aspirantes afectados por la prueba psicotécnica de la Tercera Convocatoria Anual Unificada de Policía Local en Canarias (Escala Básica, C1) ha registrado a través de la sede electrónica del Gobierno autonómico cientos de escritos individuales de recusación contra la psicóloga designada como directora técnica del personal asesor de dicho examen. Los opositores solicitan que se la aparte cautelarmente del proceso selectivo y que se conserven las grabaciones de las entrevistas mientras se resuelve el incidente.

El malestar del colectivo tiene su origen en los resultados del examen psicotécnico —de carácter obligatorio y eliminatorio— celebrado el pasado 19 de agosto y cuyas calificaciones se publicaron el 21 de septiembre. De los 1.135 aspirantes evaluados, un total de 783 (el 68,99 %) fueron declarados «No aptos» y quedaron fuera del proceso sin conocer los motivos, dejando únicamente a 352 candidatos en liza para cubrir 180 plazas distribuidas en 30 ayuntamientos del archipiélago.

Indicios de incompatibilidad y falta de imparcialidad

Los escritos presentados, idénticos y firmados a título personal por cada afectado, se amparan en la Ley 40/2015 y en las propias bases de la convocatoria. La normativa del proceso obliga a abstenerse a cualquier profesional que haya preparado a opositores en los cinco años anteriores y exige al personal asesor una declaración responsable confirmando que no incurren en causas de incompatibilidad. Cabe recordar que el equipo técnico que dirige la profesional recusada es el encargado de aplicar la prueba, valorar los resultados y elevar la propuesta de aptitud al Tribunal.

Para sustentar su petición, los aspirantes han aportado documentación pública certificada mediante firma electrónica y sello de tiempo a través de la empresa eGarante:

Modificación de su web profesional: Una captura de enero de 2022 reflejaba que la psicóloga contaba con «más de 10 años de experiencia en el trabajo del opositor», haciendo alusión expresa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta frase ha desaparecido en la versión de octubre de 2026, donde ahora figura experiencia «en procesos de selección de personal en oposiciones».

Perfiles en redes y portales médicos: En su perfil de LinkedIn se presenta como «experta en selección de policías», mientras que en Doctoralia ofrece servicios de pago como entrevistas e informes psicológicos o gestión de la ansiedad ante exámenes sin excluir a participantes de procesos selectivos.

Vínculos personales: Los recusantes alegan también indicios públicos en redes sociales sobre una posible amistad íntima entre la directora técnica y una persona aspirante de esta misma convocatoria.

Desde la plataforma precisan que no cuestionan la calificación de ningún participante y que estos documentos se presentan como indicios para que la Administración y la propia aludida confirmen o descarten formalmente si concurren las causas de abstención.

Medidas cautelares urgentes

Dado que las entrevistas personales se están desarrollando entre el 5 y el 20 de octubre y que el plazo posterior de reclamaciones será «único y preclusivo», los afectados exigen la adopción inmediata de medidas provisionales.

En concreto, solicitan que se entregue copia de la declaración responsable de la directora técnica y que sea apartada de toda intervención en la prueba —incluyendo los informes individualizados, la calificación provisional y la resolución de reclamaciones— hasta que se dicte una resolución expresa en el plazo legal de tres días. Recuerdan que su sustitución no paralizaría la oposición, ya que el equipo cuenta con otros dos asesores y tres colaboradores designados. Asimismo, reclaman que se garantice la conservación del expediente y de las grabaciones audiovisuales de las entrevistas, cuya destrucción está prevista en las bases una vez que el acto final adquiera firmeza.

«No pedimos privilegios: pedimos que quien decide quién sigue en el proceso y quién queda eliminado no tenga ninguna sombra de duda sobre su imparcialidad. Las bases lo exigen y la ley prevé este mecanismo precisamente para eso», concluyen desde el colectivo de afectados.

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