LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA URBANIZACIÓN ILEGAL EN TELDE Y PRECINTA NUEVE CONSTRUCCIONES EN SUELO PROTEGIDO
El SEPRONA detecta un patrón delictivo de compra, parcelación y venta ilegal de fincas rústicas protegidas en Lomo Catela, con edificaciones residenciales construidas sin ningún tipo de licencia.
El pasado 16 de abril, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, junto a personal del Juzgado de Instrucción de Telde, llevaron a cabo una contundente operación en el paraje de Lomo Catela, en el término municipal de Telde, donde procedieron al precinto y paralización de nueve obras ilegales y al corte del suministro de agua que las abastecía dentro de una urbanización completamente no autorizada.
La investigación del SEPRONA ha destapado un patrón delictivo bien estructurado: los implicados adquieren fincas rústicas con especial protección medioambiental, las fragmentan en subparcelas perfectamente delimitadas y las comercializan de forma irregular mediante contratos privados, obteniendo un importante beneficio económico. Pero la actividad ilegal no se detiene ahí. Los promotores impulsan activamente la transformación del suelo facilitando la urbanización ilegal mediante la instalación de servicios básicos, el cerramiento de parcelas y la gestión de suministros como el agua, hasta culminar con la construcción de edificaciones de uso residencial sin ningún tipo de licencia, en terrenos donde el uso residencial y recreativo está terminantemente prohibido.
El impacto medioambiental de estas actuaciones es, según la Guardia Civil, significativo y en muchos casos irreversible, con daños graves sobre el suelo, pérdida de espacios protegidos, suelo agrícola y biodiversidad en un ecosistema tan sensible como el canario.
Ante la proliferación de este tipo de asentamientos irregulares, la Guardia Civil ha intensificado su presión operativa con servicios específicos de vigilancia, control e investigación, lo que ha permitido ejecutar las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de Instrucción de Telde, materializadas en el precinto de las obras, su paralización inmediata y el corte efectivo del suministro de agua.
Los presuntos responsables se enfrentan a cargos por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
