El Gobierno de Canarias aprueba un paquete de medidas de 29,8 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Irán
El Gobierno de Canarias aprueba un paquete de medidas de 29,8 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Irán
El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno a un conjunto de medidas fiscales y económicas destinadas a mitigar el impacto que el inicio del conflicto bélico en Irán está provocando en el Archipiélago. El paquete tiene un coste inicial de 29,8 millones de euros y ascendería a 60 millones anuales en caso de prolongarse la guerra.
La necesidad de actuar de forma autónoma surge del hecho de que las medidas aprobadas por el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo —centradas en el IVA y el Impuesto sobre Hidrocarburos— no son de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico. Dicho decreto tiene además una duración inicial de 100 días.
Las cinco medidas aprobadas
La primera y más inmediata es la reducción del IGIC sobre los combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. Su coste se estima en 3,9 millones de euros para 100 días y en 14,1 millones anuales.
La segunda medida es el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Esta bonificación tendría un coste de 5,3 millones de euros para 100 días y de 19,4 millones anuales.
En tercer lugar, el Ejecutivo aprueba la aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. El coste se calcula en 900.000 euros para 100 días y 3,2 millones anuales.
La cuarta medida es la ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, lo que reducirá cargas fiscales y administrativas para los autónomos y pequeños negocios. Se aplicará a partir de julio de 2026 y tendrá un coste de 12,5 millones de euros para este año.
Por último, se crea un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos, por un importe de 7,2 millones de euros.
Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.
Lo que Canarias pide al Gobierno de España
El Consejo de Gobierno también ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias. Entre las principales se encuentran la flexibilización de las reglas fiscales para que las comunidades autónomas puedan actuar de forma extraordinaria, la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible, la reducción de la carga en el IRPF para proteger el poder adquisitivo de las familias y la actualización de partidas presupuestarias en transporte, agua y agricultura.
Asimismo, el Ejecutivo canario reclama la puesta en marcha de mecanismos de liquidez para empresas y autónomos, la creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos y una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que contemple las dificultades particulares del Archipiélago, incluyendo posibles prórrogas y revisión de objetivos por el encarecimiento de costes.
En materia estructural, el Gobierno de Canarias reclama también la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias, el impulso a proyectos de energías renovables como la geotermia y la eólica marina, el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad, y el aumento del límite de ayudas minimis para empresas.
El Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de incorporar una "cláusula canaria" en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Gobierno subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.
