La Plataforma por un Mar Limpio acusa al Gobierno de Canarias de engañar a la ciudadanía sobre el cese de la acuicultura en la bahía de Telde


 La Plataforma por un Mar Limpio acusa al Gobierno de Canarias de engañar a la ciudadanía sobre el cese de la acuicultura en la bahía de Telde

La organización denuncia que el anuncio del pasado febrero carece de efectos jurídicos y que la administración admite no controlar el estado real de las instalaciones

Por la Plataforma por un Mar Limpio | Telde, 4 de marzo de 2026

La Plataforma por un Mar Limpio ha denunciado públicamente la falta de rigor, transparencia y responsabilidad del Gobierno de Canarias en relación con la actividad acuícola en la bahía de Telde, tras la reunión mantenida con el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y el Director General de Pesca. Según la organización, el encuentro no aportó claridad alguna y confirmó que la ciudadanía ha sido engañada a través de anuncios institucionales que no se corresponden con la realidad.

Un titular vacío difundido ante una manifestación

El Gobierno de Canarias difundió el 12 de febrero de 2026 que en mayo de 2025 se había acordado el cese de la actividad acuícola en Telde. En la reunión, sin embargo, se reconoció que dicho acuerdo solo afecta a una concesión —Melenara II— y que no tiene carácter vinculante, puesto que la administración autonómica carece de competencias para obligar a la empresa a cumplirlo. Para la Plataforma, el supuesto cese nunca existió: fue un anuncio sin efectos jurídicos, sin planificación, difundido justo antes de una manifestación ciudadana y que trivializa un problema ambiental de enorme gravedad.

Melenara II: una concesión ilegal en zona prohibida

La situación de Melenara II es, a juicio de la organización, especialmente alarmante. Esta concesión opera en una Zona Prohibida para la Acuicultura a tan solo 355 metros de la playa, y la empresa estaba obligada a desmantelar progresivamente su antigua instalación. Años después, la administración admite no saber en qué estado se encuentra ese proceso y reconoce que su cumplimiento depende exclusivamente de la voluntad de la empresa. La salud del litoral queda así, según denuncia la Plataforma, sometida a intereses privados y sin control público efectivo.

Opacidad total y secreto fiscal como escudo

La falta de transparencia alcanza, según los denunciantes, cotas inaceptables. Ninguno de los representantes institucionales presentes en la reunión recordaba las toneladas autorizadas en cada concesión. Tampoco se ha facilitado el expediente completo de Aquanaria Origen, pese a tratarse de un procedimiento cerrado y anterior al episodio de mortandad masiva de octubre de 2025. La administración se escuda en un supuesto secreto fiscal que impide a la ciudadanía acceder a información esencial sobre una actividad que afecta directamente al medio marino.

La mortandad masiva de 2025, sin explicación

La gestión de ese episodio de mortandad masiva evidencia, en palabras de la Plataforma, una descoordinación inaceptable. La administración ofreció versiones contradictorias sobre la existencia de un plan de contingencia y no ha podido explicar por qué solo se registraron 600 toneladas retiradas cuando las estimaciones apuntaban a cifras muy superiores. Se niega que hubiera descomposición en el mar, pero sin aportar un solo dato verificable que lo respalde.

Exigencias y llamada a la Fiscalía

La Plataforma exige al Gobierno de Canarias que aclare públicamente el alcance real del acuerdo anunciado, obligue al desmantelamiento de Melenara II en Salinetas, garantice el acceso a los expedientes, establezca protocolos reales de contingencia y refuerce la vigilancia de las concesiones. Las denuncias vecinales y ecologistas por episodios de contaminación llevan años, advierte la organización, sin respuesta alguna.

«La costa de Telde no puede seguir dependiendo de la voluntad de una empresa ni de anuncios vacíos. La ciudadanía merece verdad, control y legalidad», concluye la Plataforma, que espera que la Fiscalía actúe con firmeza ante quienes, a su juicio, miran hacia otro lado mientras las playas sufren contaminación y abandono institucional.