.jpg)
El Gobierno inicia los trámites para una regularización extraordinaria de migrantes en España
El Ejecutivo defiende que la medida garantizará derechos y seguridad jurídica a una “realidad social existente”, mientras PP y Vox critican un supuesto “efecto llamada”.
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto para llevar a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen en España. El objetivo, según fuentes del Ejecutivo, es “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, desbloqueando una situación que afecta a cientos de miles de personas en situación administrativa irregular.
La medida es fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos y responde al mandato de una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas, cuya toma en consideración fue aprobada en el Congreso con una amplia mayoría parlamentaria —310 votos a favor y 33 en contra, correspondientes únicamente a Vox—.
Hasta medio millón de personas beneficiadas
El anuncio se ha producido después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, adelantase el acuerdo con el Gobierno en un acto celebrado en Madrid bajo el lema Regularización Ya. Según explicó, la regularización podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas.
Podrán acogerse quienes se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia en el país. La prueba de arraigo podrá realizarse mediante empadronamiento, informes médicos, contratos de suministro eléctrico, certificados de envío de dinero u otros documentos similares. Quedan excluidas las personas con antecedentes penales.
Durante la tramitación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de devolución y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. La admisión a trámite otorgará una autorización provisional de residencia y trabajo, que permitirá el acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá un permiso de residencia de un año, renovable posteriormente conforme al reglamento de extranjería.
Política migratoria “basada en derechos humanos”
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, se subraya que el real decreto refuerza una política migratoria “basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia”, compatible —según el Ejecutivo— con el crecimiento económico y la cohesión social.
El Gobierno ha optado por la vía del real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria, lo que le permite sortear la falta de apoyos suficientes en esta materia, especialmente tras el rechazo de Junts a otras iniciativas migratorias.
Sumar, socio del Ejecutivo, ha celebrado la medida como un avance “hacia una sociedad más justa y democrática”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que “frente al odio de la ultraderecha, el Gobierno reconoce derechos y ciudadanía a quienes ya forman parte de nuestra sociedad”.
Choque político: críticas de PP y Vox
Podemos ha calificado la regularización de “urgente y de justicia social” y ha denunciado que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad solo favorece la explotación laboral y el crecimiento del discurso racista. No obstante, la formación ha descartado que este acuerdo implique un acercamiento con el PSOE para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Desde la oposición, las críticas han sido contundentes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de impulsar una “regularización masiva” para “desviar la atención” y ha advertido de un aumento del “efecto llamada” y de la presión sobre los servicios públicos. Fuentes populares califican la medida de “cortina de humo” y sostienen que “la nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan”.
Más dura aún ha sido la reacción del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha cargado contra el presidente del Gobierno y ha denunciado lo que considera una promoción del “efecto llamada por decreto”.
Un recurso ya utilizado por distintos gobiernos
La regularización extraordinaria no es una novedad en la política española. Desde los años ochenta, gobiernos tanto del PSOE como del PP han aprobado hasta ocho procesos de este tipo. Los primeros se llevaron a cabo con Felipe González, mientras que durante los mandatos de José María Aznar se impulsaron varias regularizaciones, incluida la conocida como “por arraigo”.
El mayor proceso se produjo en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 578.000 personas obtuvieron la documentación, en un sistema vinculado directamente al mercado laboral.
Con esta nueva iniciativa, el Ejecutivo busca reducir la bolsa de inmigración irregular y dar respuesta a una realidad social que, según defiende, ya forma parte del país.
.jpg)
