El Gobierno de Canarias prepara sanciones para desempleados que rechacen ofertas laborales o formativas
La Consejería de Turismo y Empleo ultima un decreto que endurecerá el control sobre los demandantes de empleo y vinculará las prestaciones a la aceptación de trabajos o cursos del SCE
Santa Cruz de Tenerife — El Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración de un decreto que permitirá imponer sanciones a los desempleados que rechacen ofertas de empleo o cursos de formación sin causa justificada. La normativa, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo, busca reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo en el archipiélago y garantizar que las ayudas públicas se traduzcan en una inserción laboral efectiva.
Según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, el objetivo principal es evitar que los demandantes de empleo declinen oportunidades laborales o formativas de manera injustificada, una situación que, a juicio del Gobierno, dificulta la reducción de las cifras de desempleo en las islas. El texto, que se encuentra en fase de redacción, establecerá un régimen sancionador gradual que podría incluir desde la suspensión temporal de prestaciones hasta la exclusión de determinados programas de apoyo, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
Ayudas condicionadas a la participación activa
La medida se inscribe en el marco de la estrategia del Gobierno canario para optimizar los recursos destinados al empleo. Recientemente, el Ejecutivo ha aprobado una inversión de 10 millones de euros para contratar a desempleados de larga duración en servicios de interés general, combinando trabajo remunerado con formación en competencias básicas. Con el nuevo decreto, la Consejería pretende asegurar que estas inversiones generen resultados tangibles y que los beneficiarios se comprometan activamente con su proceso de reinserción.
El Servicio Canario de Empleo (SCE) será el organismo encargado de gestionar las ofertas y verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los demandantes. La normativa contemplará mecanismos de seguimiento y control para identificar casos de rechazo injustificado, aunque el Gobierno ha adelantado que se establecerán criterios de flexibilidad y excepciones para situaciones como incompatibilidad horaria, problemas de salud, cargas familiares o distancia excesiva al lugar de trabajo.
Polémica y advertencias sindicales
El anuncio ha despertado un intenso debate entre agentes sociales y colectivos de desempleados. Los principales sindicatos han expresado su preocupación por el carácter punitivo de la iniciativa y advierten del riesgo de penalizar a personas que rechacen ofertas por motivos legítimos. "No se puede sancionar sin antes analizar las circunstancias personales de cada desempleado. Muchas ofertas son precarias o incompatibles con las necesidades reales de las familias", señalan desde UGT Canarias.
Por su parte, asociaciones de desempleados temen que la medida estigmatice a quienes llevan más tiempo en situación de paro y reclaman que se invierta más en mejorar la calidad de las ofertas y la adecuación de los cursos de formación antes de imponer sanciones.
El Gobierno, no obstante, defiende que el decreto no busca castigar, sino promover "la responsabilidad compartida" entre administración y ciudadanos. "Queremos garantizar que quien recibe ayudas públicas participe activamente en su proceso de búsqueda de empleo. No se trata de penalizar sin más, sino de fomentar una cultura del esfuerzo y la activación", argumentan desde la Consejería.
Trámite parlamentario y entrada en vigor
El borrador del decreto será presentado en las próximas semanas ante la Mesa de Diálogo Social, donde se debatirá con representantes sindicales y empresariales antes de su aprobación definitiva. Está previsto que la normativa entre en vigor durante 2026, coincidiendo con el despliegue de nuevos programas de empleo y formación cofinanciados con fondos europeos.
La iniciativa se suma a otras medidas del Ejecutivo canario orientadas a modernizar el SCE y mejorar la coordinación con ayuntamientos y entidades locales para diseñar itinerarios personalizados de inserción laboral. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida del equilibrio que logre alcanzar entre el control efectivo de las ayudas y el respeto a los derechos y circunstancias individuales de los desempleados.
