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La Guardia Civil investiga a 22 personas en Lanzarote por construcciones ilegales en suelo protegido
El EPRONA culmina la segunda fase de una operación en Haría y Tías que acumula 42 investigados y 65 edificaciones inspeccionadas en 2025
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de 2025 – El Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a 22 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio tras detectar construcciones ilegales en suelo protegido de los municipios lanzaroteños de Haría y Tías.
Esta segunda fase de la operación, que ha incluido 23 inspecciones en edificaciones presuntamente ilegales, se suma a las actuaciones realizadas el pasado mes de mayo, cuando fueron investigadas 20 personas y se efectuaron 42 inspecciones. En total, las investigaciones acumulan en lo que va de año 42 personas investigadas y 65 construcciones inspeccionadas en la isla de Lanzarote.
Los investigados se enfrentan a penas de prisión de uno a tres años, multas de doce a veinticuatro meses, así como a la demolición de las obras y la obligación de reponer los terrenos a su estado original.
Incremento de edificaciones en zonas protegidas
Las investigaciones se iniciaron tras detectar los agentes del EPRONA un incremento de edificaciones con fines residenciales y recreativos en suelos protegidos, donde este tipo de construcciones está expresamente prohibido. Estas actuaciones ilegales provocan la degradación de zonas medioambientalmente sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad y afectando a la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas.
Durante el desarrollo de la investigación, el EPRONA de la Comandancia de Las Palmas —que se traslada periódicamente desde Gran Canaria a Lanzarote— ha contado con la colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y de las áreas de Urbanismo de los ayuntamientos de Haría y Tías.
La Guardia Civil ha agradecido la implicación y apoyo de estos organismos, cuya colaboración ha sido fundamental para el esclarecimiento de los hechos, y recuerda la importancia de respetar la normativa urbanística y medioambiental. Asimismo, advierte de que la ejecución de obras en suelo protegido puede implicar responsabilidad penal y patrimonial, incluida la obligación de restituir los terrenos a su estado original.