Oposición a la Policía Canaria: cuando la transparencia brilla por su ausencia
Tribuna libre - Colectivo de Opositores a la Policía Canaria
Nos dirigimos a la opinión pública canaria para exponer una situación que consideramos de notable gravedad: el proceso selectivo para cubrir 141 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria se ha visto empañado por lo que, a nuestro juicio, constituye un patrón sistemático de irregularidades que pone en cuestión la transparencia y el rigor del procedimiento.
Como colectivo de aproximadamente 150 aspirantes afectados, hemos decidido alzar la voz no por frustración ante unos resultados adversos, sino porque creemos firmemente que la selección de quienes deben velar por el cumplimiento de la ley en Canarias debe estar por encima de cualquier sospecha.
Una cadena de irregularidades
Nuestra preocupación no se basa en un hecho aislado, sino en una concatenación de decisiones controvertidas que se han producido a lo largo de todas las fases del proceso selectivo:
El examen tipo test: impugnaciones desestimadas sin motivación
Tras la primera prueba, varios aspirantes presentamos recursos jurídicos detallados impugnando casi una quincena de preguntas por diversos motivos: estar fuera de temario, ser ambiguas, basarse en premisas falsas o utilizar metodologías prohibidas por las propias normas del proceso. La respuesta del Tribunal Calificador fue desestimar todas las alegaciones mediante un escrito genérico, sin motivación específica para cada caso planteado.
Esta falta de argumentación individualizada no solo nos deja indefensos como opositores, sino que impide cualquier posibilidad de control efectivo sobre la corrección de las preguntas del examen.
Incongruencias temporales inexplicables
La falta de rigor administrativo alcanzó un punto preocupante cuando, en la resolución oficial de notas firmada el 28 de agosto, el Tribunal afirmó haber "notificado" el rechazo de nuestras alegaciones los días 26 y 27 de agosto. Sin embargo, el propio nombre del archivo del documento de respuesta indica que fue creado el 28 de agosto.
¿Cómo es posible notificar algo con un documento que todavía no existe? Esta incongruencia, lejos de ser un detalle menor, evidencia la falta de control y supervisión en la gestión documental del proceso.
El examen práctico: la gota que colma el vaso
El 6 de septiembre se celebró el examen práctico, y es aquí donde las irregularidades alcanzaron, a nuestro parecer, un nivel inadmisible:
Alteración del examen: El documento publicado oficialmente en la web del Tribunal no coincide con el que se nos entregó físicamente durante la prueba. La pregunta número 7 fue modificada a posteriori, un hecho de extrema gravedad que compromete la igualdad de trato entre aspirantes y la validez misma de la prueba.
Desnaturalización de la prueba: Lo que debía ser un "supuesto práctico" se convirtió en un ejercicio de "detección de errores ocultos" en un tiempo que consideramos materialmente insuficiente (una hora). Esta metodología no solo difiere sustancialmente de lo anunciado, sino que introduce un factor de azar alejado de la evaluación de competencias profesionales reales.
Opacidad en la corrección: El Tribunal ha publicado únicamente la nota final, incumpliendo su propio "Manual de Buenas Prácticas", que le obliga a facilitar el desglose detallado de la puntuación. Sin ese desglose, nos resulta imposible verificar la corrección del examen o detectar posibles errores en la valoración.
Una cuestión de interés público
Somos conscientes de que, en cualquier oposición, siempre hay aspirantes satisfechos y otros que se sienten perjudicados. Sin embargo, lo que aquí denunciamos no es subjetivo ni responde a una mera disconformidad con los resultados: son hechos documentados y comprobables que afectan a la esencia misma del proceso selectivo.
Estamos hablando de la selección de los futuros agentes que tendrán la responsabilidad de hacer cumplir la ley en Canarias. Si el propio proceso de selección presenta irregularidades, ¿qué mensaje estamos enviando a la ciudadanía sobre la importancia de la legalidad y la transparencia en las instituciones públicas?
Hemos presentado un escrito formal de alegaciones ante el Tribunal Calificador, documentando exhaustivamente todas estas irregularidades. Esperamos que se tomen en serio nuestras denuncias y que se depuren responsabilidades si procede.
Pero más allá del desenlace particular de este proceso, hacemos un llamamiento a las autoridades competentes para que revisen los mecanismos de supervisión y control de las oposiciones públicas en Canarias. La transparencia no puede ser un principio opcional: debe ser la norma que rija toda actuación administrativa, especialmente cuando está en juego la confianza ciudadana en las instituciones.
La ciudadanía canaria merece una Policía Canaria seleccionada con el máximo rigor, objetividad y transparencia. Nosotros, como aspirantes, también.
Colectivo de Opositores a la Policía Canaria (aproximadamente 150 afectados)
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