Vendió su móvil (1.200€) y denunció que se lo habían robado en Arucas.

16 de septiembre de 2019.- La Guardia Civil ha investigado en Lanzarote a J.R.J. –varón de 22 años de edad - con antecedentes policiales por simulacióde delito.

Esta investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por J.R.J. en el Puesto Principal de Arucas, en Gran Canaria, donde afirmaba que en dicha localidad le habían robado mediante violencia – un tirón- un teléfono móvil valorado en 1200 euros.

Sin embargo los agentes del Área de Investigación del citado Puesto sospecharon desde un primer momento del contenido de la denuncia, sobre todo por los numerosos antecedentes policiales del denunciante en hechos similares.

A partir de las diligencias policiales realizadas la Guardia Civil dio con el supuesto teléfono robado en cuestión, que estaba en poder de una persona diferente pero conocida de J.R.J., manifestando ante los agentes que el aparato se lo había vendido directamente aquel con el objetivo de adquirir otro, simulando supuestamente un robo con el que estafar al seguro correspondiente que había contratado con la compra del teléfono referido.

En base a las comentadas actuaciones policiales realizadas y a otras, los agentes obtuvieron indicios suficientes con una simulación de delito, ya que supuestamente J.R.J. denunció falsamente para adquirir a través del seguro correspondiente un nuevo teléfono móvil.

Por todo ello y tras comprobar que J.R.J. residía actualmente en la isla de Lanzarote, finalmente los agentes del Área de Investigación de San Bartolomé detuvieron al referido el pasado día 2, pasando a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia de la localidad de Arrecife.

Penas por la simulación de delito

Cabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses de hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas.

Este tipo de denuncias además causa un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.