del Consejero de Sanidad el Sr. D. José Manuel Baltar Trabazo ante la Inspección
Provincial de Trabajo, de la provincia de Las Palmas por la vulneración de derechos
fundamentales de unos 1500 trabajadores que presta servicios como eventuales y
sustitutos en el Servicio Canario de la Salud y en los centros de Atención Primaria y
Servicios de Urgencias Extrahospitalarios del Área de Salud de Gran Canaria.
Los trabajadores de las diferentes categorías profesionales afectados, entre
otros (médicos, enfermeros, celadores, auxiliares administrativos, Auxiliares de
Enfermería, Técnicos etc.) con contratos de sustituciones y carácter de eventuales,
que prestan sus servicios a los usuarios del sistema público de salud en periodo menor
a seis meses al año, SE LES HURTA el derecho del disfrute de las vacaciones anuales
establecidas por Ley que proporcionalmente les corresponde, según instrucciones del
Director de Gestión y Director Gerente de Atención Primaria en Gran Canaria, con el
beneplácito del Consejero de Sanidad el Sr. Baltar, que ha venido a implantar a la
Sanidad Publica, las formas caciquiles que suelen caracterizar la “gestión privada”.
Obligando sin fundamento jurídico alguno a percibir dichos profesionales una
retribución como “compensación económica” de carácter mercantilista.
El citado personal presta sus servicios en turnos durante las 24 horas del día y
los 365 días del año, y dado sus especiales características de servicio a los usuarios del
sistema sanitario público, con la sobrecarga asistenciales que padecen los centros de
Salud de Atención Primaria y Servicios de Urgencias Extrahospitalarios, el consiguiente
estrés de trabajo, consultas saturadas, listas de espera para los médicos de familia de
hasta cuatro días, ratios de profesionales muy por debajo de la media europea... se ve
agravada con la falta de poder disfrutar sus vacaciones, como cualquier trabajador de
la Comunidad Autónoma y el Estado.
Las citadas instrucciones remitidas al departamento de personal por la
Dirección de Gestión de Atención Primaria, con el objeto de hurtar el Derecho del
disfrute de las vacaciones anuales, establecido en nuestra legislación como un derecho
fundamental e irrenunciable de los trabajadores, afecta directamente a la conciliación
de su vida familiar, genera un déficit del descanso legal, produciendo un grave
perjuicio a su salud, discriminación anticonstitucional con relación a los trabajadores
del SCS con plaza en propiedad, e incluso aquellos en la misma situación contractual
pero con nombramientos superiores o igual a 6 meses.
Como venimos denunciando desde hace tiempo, dichos servicios se
encuentran escasos de personal para entender a los ciudadanos con dignidad y la
calidad que merecen, de acuerdo a los preceptos establecidos en nuestra Constitución,
no cumpliendo con la media de ratios asistenciales de profesionales por paciente que
se recomienda por la Organización Mundial de la Salud.
Estas actuaciones solo demuestran un talante poco democrático, y oscuros
intereses para deteriorar los servicios públicos y justificar una privatización por parte
del Sr. Consejero de Sanidad.
ORGANIZACIÓN SINDICAL ASACA
