La Asamblea de Alcaldes de Gran Canaria, reunida esta tarde de forma extraordinaria bajo la presidencia de Antonio Morales, ha rechazado por unanimidad el reparto del Fdecan, lo ha considerado una burla, y ha aprobado varias acciones de rechazo, la primera de ellas emprender acciones legales y la segunda convocar al presidente Fernando Clavijo para que, en el mismo lugar en el que prometió equidad, explique ahora por qué ha engañado a Gran Canaria.
Los servicios jurídicos del Cabildo ya elaboran los informes para denunciar ante los tribunales el reparto y además estudian pedir medidas cautelares, explicó el presidente insular, quien recordó que Clavijo asistió a una reunión en el salón del plenos con los alcaldes y alcaldesas de los municipios grancanarios y aseguró que haría una distribución equitativa que, después de un año de reuniones y pérdida de tiempo y dinero –coincidieron-, ha quedado en nada porque al final volvió al punto de partida de hace un año y usó la triple paridad, subrayó Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y comisionado insular en la Fecam.
Además de exigir a Clavijo que “dé la cara”, la Asamblea decidió convocar plenos extraordinarios del Cabildo y 18 municipios el día 9 de diciembre como forma de rechazo institucional y público a una distribución que ni siquiera respetó al propio decreto regional, que establecía líneas estratégicas a las que no se ajustó porque acabó destinando una bolsa de recursos a cada Isla, una llana distribución de fondos “clientelar”, subrayó el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez.
Precisamente que el reparto no se ajuste siquiera al decreto autonómico será uno de los principales argumentos jurídicos que esgrimirá el Cabildo ante los tribunales para frenar este reparto por el que el Ejecutivo destina a Gran Canaria en torno a 27 millones al año frente a los 60 que le corresponden por los criterios del REF o frente a los 45 que finalmente pidió el Cabildo junto a 18 municipios.
Y es que estos 160 millones del IGTE que ahora distribuye el Gobierno se suman a los 100 que ya se distribuían por consenso por los criterios del REF, los mismos que ha pedido desde el inicio el Cabildo de Gran Canaria que se apliquen para el último tramo. Pero el Gobierno canario ha preferido “con dinero público hacer política”, ya que el principal objetivo de Clavijo ha sido comprar voluntades y mantener su equilibrio en el Gobierno canario, apuntó Morales.
La otra acción aprobada, y que será convocar a los diputados por Gran Canaria, ya tiene fecha, serán citados el próximo lunes 5 de diciembre a las 11 de la mañana para solicitarles su apoyo también en el Parlamento, donde este reparto aún puede ser frenado.
Morales aclaró, asimismo, que Gran Canaria aceptará los recursos que el Gobierno le destina en tanto lucha por alcanzar el resto de lo que considera que le corresponde.
La Asamblea de Alcaldes mostró su rechazo, además, a que los tres municipios que se desmarcaron del proyecto común –Mogán, San Mateo y Firgas-, hayan sido premiados. Morales recordó que en un alarde infantil Clavijo advirtió que no convenció a más municipios porque no tuvo más tiempo.
Una burla que va más allá del propio desprecio
El vicepresidente primero del Cabildo, Ángel Víctor Torres, considera que el reparto “es una burla que va más allá del propio desprecio”, y apuntó como el culmen del “esperpento” que el Ejecutivo haya rechazado prefinanciar la carretera de La Aldea, una petición unánime de Gran Canaria elevada por la Consejería regional de Obras Públicas.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, consideró “demoledoras” las cifras que desvelan un “castigo político y un ensañamiento inaceptables” que resulta “especialmente insultante” para Gran Canaria y Tenerife, aparte de que haber hecho un reparto de bolsas de recursos ha sido “un disparate”.
Por todo ello, los ediles decidieron poner en marcha de estas medidas y que la comisión de trabajo que se constituyó para elaborar un programa común –que el Gobierno dijo que iba a priorizar y no priorizó, apuntaron-, siga constituida para proponer más acciones, como convocar a la ciudadanía, ya sea a asambleas o concentraciones o cualquier otra, dado el “despropósito”, concluyeron, de que cada persona de Gran Canaria reciba 141 euros frente a los 1.736 que percibirá cada habitante de El Hierro.