Creaban empresas ficticias para vender contratos de trabajo falsos a personas que buscaban el cobro de prestaciones económicas o la residencia en España
Daban de alta a los falsos trabajadores en la Seguridad Social sin que hubiera actividad laboral real y desatendían sus obligaciones económicas
Los agentes contaron con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
21-mayo-2016.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Gran Canaria una organización criminal que defraudó a la Seguridad Social más de 380.000 euros. Creaban empresas ficticias para vender contratos de trabajos falsos a personas que buscaban bien el cobro de prestaciones económicas o la residencia en España. Daban de alta a los falsos trabajadores en la Seguridad Social sin que hubiera actividad laboral real y desatendían sus obligaciones económicas. La operación en la que colaboró la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se saldó con 19 detenidos.
La investigación comenzó el pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado, establecido en la isla de Gran Canaria, dedicado a crear empresas para realizar altas fraudulentas en la Seguridad Social de trabajadores. El fin que perseguían era lograr el acceso a prestaciones por desempleo, adquirir o prorrogar permisos de residencia, elaborar vidas laborales ficticias y obtener la protección de la Seguridad Social.
Colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo
En el marco de los convenios de colaboración existentes entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se inició una investigación conjunta que permitió detectar seis empresas ficticias en la isla.
Estas empresas no desarrollaban ningún tipo de actividad real pero si contaban con trabajadores dados de alta. Los supuestos empleados cotizaban en la Seguridad Social sin que las empresas pagaran las correspondientes cuotas, perfeccionando una vida laboral irreal y obteniendo todo tipo de beneficios del sistema público.
Contratos laborales sobre los 1.000 euros
Las pesquisas policiales llevaron a los agentes a comprobar que el grupo delincuencial afincado en la isla de Gran Canaria, había creado una aparente estructura empresarial que daba cobertura legal a sus actividades punibles, operando ficticiamente en la prestación de una gran variedad de servicios que irían desde la construcción hasta el comercio al por mayor.
A través del principal implicado en los hechos, la red daba de alta a ciudadanos, a quienes ofrecían contratos laborales bajo precio que rondaba los 1.000 euros, sin que existiera una relación laboral efectiva; como parte de su estrategia desatendían las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Igualmente comprobaron que los falsos empleados se habían beneficiado regularizando su situación en España por la circunstancia excepcional del arraigo social o con la renovación del permiso, aunque era frecuente que la finalidad de la contratación obedeciese a motivos estrictamente económicos.
Para ello cubrían periodos de carencia para generar el derecho a las diferentes prestaciones o subsidios previstos por el sistema de la Seguridad Social, habiendo causado un fraude al erario de la Seguridad Social superior a los 200.000 euros, habiéndose percibido además indebidamente prestaciones del sistema de la Seguridad Social por valor de 180.000 euros.
Captados para la red directamente por el empresario
En el transcurso de la investigación los agentes descubrieron que los trabajadores eran captados para la red directamente por el empresario cabecilla de la organización y en ocasiones a través de otros intermediarios, llegando a dar de alta en la Seguridad Social unos 80 trabajadores de forma fraudulenta.
La operación se saldó con 19 detenidos de distintas nacionalidades, mayormente española, nigeriana y cubana, tratándose del principal cabecilla de la organización y 18 supuestos trabajadores entre los que se encontraban familiares directos del empresario, a los que se les imputan los delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y delito contra la seguridad social. El resto de falsos empleados resultaron ilocalizables, algunos al parecer por haber regresado a sus países de origen, aunque la investigación continúa abierta.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas.