El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con los socios privados de la empresa mixta de aguas, Emalsa, que le va a suponer un ahorro a las arcas municipales de más de un millón de euros
El Ayuntamiento decide no recurrir la sentencia que condena al Consistorio a pagar 6,6 millones de euros por el impago de las facturas de saneamiento a la empresa de aguas, tras valorar el gabinete jurídico municipal que las posibilidades de ganar el juicio en segunda instancia son escasas
Emalsa se compromete también a no reclamar judicialmente los 8,7 millones de euros que se le deben a la compañía por el saneamiento impagado desde mayo de 2014 hasta noviembre de 2015
Las Palmas de Gran Canaria, jueves 25 de febrero de 2016.-
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con los socios privados de la empresa mixta de aguas, Emalsa, que le va a suponer un ahorro a las arcas municipales de más de un millón de euros que hay que abonar a la compañía en intereses judiciales. Estos intereses se han ido acumulando tras condenar, hace un mes, un juzgado a la Corporación local por la decisión del anterior gobierno de no abonar 16 meses, de enero de 2013 a abril de 2014, de las facturas del servicio de saneamiento.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 condenó a finales del pasado mes al Ayuntamiento a pagar los 6.635.856 de euros del servicio de saneamiento de la ciudad que prestó Emalsa entre enero de 2013 y abril de 2014, y que no fueron abonados en el anterior mandato municipal. La citada sentencia deja claro que el argumento que utilizó el anterior gobierno municipal para no abonar el servicio de saneamiento, no justifica eludir la obligación del pago de las facturas a Emalsa.
La solidez de los argumentos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo son los que han llevado a la Asesoría Jurídica municipal a recomendar al actual Gobierno local a no presentar recurso de apelación contra la sentencia citada. “recurrir esta sentencia nos llevaría a dilatar el pago de las facturas con sus correspondientes intereses, y esto afectaría gravemente a los intereses municipales, toda vez que habría que abonar una suma mayor en concepto de intereses”, concluye el informe de la Asesoría Jurídica municipal.
En base a esta argumentación, el Gobierno municipal ha decidido, en defensa del interés general, no recurrir la sentencia y asumir el pago de los 6,6 millones de euros que la citada sentencia judicial reconoce que se le deben abonar a Emalsa. Paralelamente, el Gobierno municipal ha iniciado conversaciones con Emalsa apropósito de la carga económica que deberá afrontar el Ayuntamiento para hacer frente a esta sentencia. De esta forma, el Ayuntamiento ha logrado que Emalsa renuncie a reclamar los intereses de demora a los que tiene derecho según la sentencia. Esos intereses ascenderían, si se pagara la sentencia antes del 31 de marzo, y según cálculos de los técnicos municipales, una cantidad de 1.009.797 euros más de las arcas públicas, dinero que se ahorra de esta forma el Ayuntamiento.
Los técnicos y asesores jurídicos del Ayuntamiento estiman que presentar un recurso de apelación contra esta sentencia, supondría un desembolso económico aún mayor de las arcas públicas ya que los intereses se van incrementando mes a mes. Los técnicos calculan que si se hubiese optado por recurrir, y finalmente la Sala de lo Contencioso Administrativo volviera a fallar en contra del Ayuntamiento, proceso que se puede dilatar entre 12 y 18 meses, los intereses generados por este nuevo pleito, más las costas judiciales, obligarían al Ayuntamiento a abonar a Emalsa una cantidad superior a los nueve millones de euros.
Emalsa, así mismo, ha aceptado también ahora renunciar a reclamar judicialmente al Ayuntamiento, pese a que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 les da la razón claramente, el abono del segundo periodo de facturas impagadas, el que va de mayo de 2014 a noviembre de 2015. Por este concepto, el Ayuntamiento le debe a Emalsa además, una cantidad cercana a los 8,7 millones de euros, deuda que ya ha generado 350.000 euros en intereses de demora, unos intereses que la compañía de aguas también renuncia a cobrar.
El Ayuntamiento deberá establecer ahora un procedimiento para el abono de las cantidades adeudadas que concilie la obligación de su pago con las disponibilidades económicas de la administración municipal.