Las Palmas de Gran Canaria, jueves 28 de enero de 2016.-
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ahorrará una indemnización de más de 14 millones de euros tras desestimar un juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta capital el recurso interpuesto por una empresa que reclamaba esa cantidad a la administración municipal. Esta sociedad inmobiliaria denunció al Ayuntamiento argumentando ser la propietaria de una parcela afectada por las expropiaciones de la actuación urbanística UZR 04 Tamaraceite Sur, pero el juzgado le deniega ahora ese derecho al no poder demostrar la demandante la propiedad real de esos terrenos.
La empresa demandante reclamó en octubre de 2013 la cantidad de 14.391.683 euros al Ayuntamiento por el convenio de expropiación de terrenos que puso en marcha el Consistorio en el año 2003. En febrero de 2014 es el Área de Urbanismo el que dicta una resolución en la inadmite a trámite la reclamación de dicha empresa por “falta de legitimación activa” ya que no presenta ningún documento público de compra-venta de la parcela afectada.
Ante esta negativa la citada sociedad inmobiliaria recurre la decisión del Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, que es el órgano que finalmente desestima el recurso y da la razón al Consistorio. Según recoge el fallo judicial, la empresa demandante alega que compró la parcela sobre la que pesa una expropiación, en octubre de 2007 a otra sociedad mercantil con la que el Ayuntamiento ya había negociado anteriormente el justiprecio de la finca. Sin embargo, la empresa demandante sólo aporta un contrato privado de compraventa de los terrenos que la magistrada no considera válido. “Resulta evidente que el contrato de compra-venta que se intenta hacer valer no reúne las condiciones necesarias para que opere formalmente frente al Ayuntamiento la subrogación de la actora en los derechos de la entidad expropiada”, recoge el fallo judicial.
El responsable de Urbanismo, Javier Doreste, ha reconocido que “se trata de una buena noticia porque significa evitar el pago por parte del grupo de gobierno de una indemnización importante, aunque confiábamos en que el resultado fuera satisfactorio porque esta reclamación de alguien que no acredita suficientemente la propiedad de un terreno a expropiar, no tenía mucho recorrido, como ha demostrado el fallo de la Justicia que se ha pronunciado en favor de los intereses de el Ayuntamiento”.