El nuevo PGOs mantiene las mismas calificaciones urbanística
que el Plan del `96
· El alcalde Marco Aurelio Pérez destaca que el
Ayuntamiento no tiene competencias sobre la residencialización en la zona
turística
· El alcalde de San Bartolomé de Tirajana pide al
Gobierno de Canarias y al Cabildo que se pronuncien sobre el modelo turístico
El alcalde de San Bartolomé de
Tirajana, Marco Aurelio Pérez, afirmó este jueves que el nuevo Plan General de
Ordenación Supletorio (PGOs) del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en
exposición pública hasta el 30 de septiembre, “mantiene las mismas
calificaciones que contempla el PGO de 1996 actualmente en vigor”. También recomendó
a los residentes en el ámbito turístico que, frente a la alarma social
intencionada que se ha suscitado, verifiquen sus respectivas fichas
urbanísticas para comprobarlo.
Durante su comparecencia pública
para explicar el porqué de las determinaciones que se proponen en el PGOs,
Marco Aurelio Pérez admitió que el debate social que se está suscitando durante
este periodo de exposición pública del documento “es una buena oportunidad para
conocer, entender y discutir el Plan”, pero alertó sobre la preocupación que le
genera “la alarma social sobre supuestas expropiaciones provocada por apreciaciones
incorrectas vertidas por intereses partidistas sobre todo a través de las redes
sociales”.
“Como Ayuntamiento tenemos la
obligación de dotar al municipio de la aprobación de un nuevo planeamiento
porque de él depende gran parte de la economía general de la Isla y su negocio
turístico, que tiene a Maspalomas Costa Canaria como máximo exponente, y
también porque ese Plan es necesario para el desarrollo del resto de los
pueblos y barrios del municipio, que también están pendientes de su aprobación
definitiva”, dijo.
Marco Aurelio Pérez explicó que toda
la normativa actualmente vigente en materia de planeamiento en el ámbito
turístico por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo hace incompatible
los usos turístico y residencial permanente. “En esa ordenación ni este
Ayuntamiento ni ningún otro de Canarias podemos actuar porque no tenemos
ninguna competencia”, dijo refiriéndose a la Ley 19/2003 de Directrices de
Ordenación del Territorio y el Turismo dictada para toda la Comunidad Autónoma,
y también al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria del 2004, y los planes
territoriales especiales y territoriales parciales PTEOTI de Ordenación
Turística Insular, PTP-8 para la regeneración y estructuración del espacio
consolidado de Playa del Inglés y el PTP-9 de ordenación del espacio entre la
GC-1 y la GC-500 en este municipio, que derivan del Cabildo de Gran Canaria.
Competencias secuestradas
Marco Aurelio Pérez expresó que
los ayuntamientos canarios no tienen capacidad para cambiar las leyes ni emitir
decretos sobre el urbanismo ni sobre el turismo. “Al ser la actividad turística
la base de la economía de Canarias y la impulsora de la diversificación
económica de las Islas, esas competencias las tienen secuestradas los
ayuntamientos, que por sí mismos no pueden planificar sobre el suelo
turístico”, dijo.
“Si los ayuntamientos no tenemos
capacidad para cambiar las leyes, y si son competencia de la Comunidad Autónoma
y del Cabildo, deben ser el Gobierno de Canarias y el Cabildo quienes deben
pronunciarse sobre si están dispuestos a cambiarlas, porque son los que obligan
al planeamiento de Canarias y en concreto de la isla de Gran Canaria con las
determinaciones concretas que hacen sobre el suelo turístico”, afirmó.
Marco Aurelio Pérez expresó que
“ir contra el PGOs de San Bartolomé de Tirajana supone paralizar el crecimiento
del resto del municipio y atentar también contra la industria turística, porque
esas normas están vigentes y no va a significar que no se apliquen por las
administraciones competentes”.
“En estos momentos el PGOs lo
único que hace es cumplir con toda la normativa legal. Si los ciudadanos
estiman que quieren cambiar la normativa y que la industria turística deje de
ser el motor de nuestra economía a quien tienen que dirigirse es al Gobierno de
Canarias porque es el que tiene la potestad, porque se trataría de cambiar el
modelo por el que ahora se están desarrollando las Islas”. “Los Ayuntamientos
en el ámbito turístico la única competencia que tenemos no pasa de otorgar
licencias”, concretó.
Marco Aurelio Pérez, que desgranó
en esta cita todas las leyes que afectan al planeamiento de San Bartolomé de
Tirajana, destacó que el PGOs tiene la obligación, lo elabore quien lo elabore,
de cumplir en su ámbito turístico con la Ley 19/2003 de Directrices, con el PIO
de 2004 de Gran Canaria, con el PTEOTI, el PTP-8, el PTP-9, y señaló al
respecto que el documento del nuevo Plan General redactado y aprobado
inicialmente por el Gobierno de Canarias “está hecho cumpliendo con esas
normativas”.
El alcalde puntualizó que el
municipio de San Bartolomé de Tirajana necesita el nuevo Plan General “porque
no sólo estamos ordenando el turismo sometidos al dictamen de las normas
supramunicipales, sino porque también estamos ordenando el resto del municipio,
y lo que se está consiguiendo con todo esto es paralizar el crecimiento de
núcleos urbanos o la solución de núcleos urbanos concretos del municipio”.
Marco Aurelio Pérez señaló que todas
las alegaciones que se presenten las tendrá que resolver el Gobierno de Canarias
y no el Ayuntamiento, y al respecto insistió en que “ningún funcionario o
político podrá aprobar un documento en contra de la normativa vigente porque
estaría prevaricando”.
Marco Aurelio Pérez también
apuntó que salga o no salga el PGOs ahora en exposición pública, las
competencias en materia turística, como la normativa sobre inspecciones y
sanciones, siguen vigentes y son competencia del Gobierno de Canarias. “Si
mañana cambia la normativa de planeamiento no tendremos ningún inconveniente en
hacer otro Plan General”, dijo.
El empadronamiento
El alcalde también aclaró que el
empadronamiento nada tiene que ver con el planeamiento urbanistico, “porque son
derechos distintos”, y puntualizó que el Ayuntamiento tiene la obligación de
saber dónde viven sus vecinos y de empadronar a las familias para que los niños
tengan acceso a la sanidad y la escolarización. “Nada tiene que ver el sitio
con el destino del sitio. El Ayuntamiento no sanciona a nadie por su
empadronamiento en zona turística”.
Pese a toda la normativa que se
pronuncia en contra, el alcalde también quiso ejemplificar lo que supondría la
residencialización en la zona turística y las obligaciones legales que tendría
que asumir el Ayuntamiento. “Sólo para un símil de 16.000 residentes se tendría
que buscar 53.996 m2 de suelo para equipamiento escolar, unos 42.664
m2 para equipamientos deportivos, unas 5.333 plazas de aparcamientos
y otro tanto de suelo para dotaciones sociales”.
“El cambio de turístico a
residencial requeriría buscar esas dotaciones y la manera de financiar la
adquisición de esas dotaciones. Entonces sí que habría que expropiar de verdad
para colocar esas dotaciones en la zona turística, porque ahora no existen y la
normativa de suelo residencial obliga a dotarlas”, señaló.
“Lo que veo es que están creando
una alarma social a las personas de buena voluntad, porque en el ámbito
turístico mantenemos el mismo status quo que tenemos vigente desde 1996 y no ha
pasado absolutamente nada. La incertidumbre que existe para los residentes no
la puede resolver el Ayuntamiento, y si pudiera hacerlo y convertir el suelo en
residencial tendría que buscar los suelos necesarios para dar los servicios que
requieren esos residentes. Entonces sí que habría que ir a la expropiación de
complejos enteros para poner los colegios, las canchas deportivas, los centros
sociales y las plazas de aparcamientos. Creo
que tenemos que meditar lo que estamos pidiendo porque por el mal asesoramiento
algunas personas pueden ir a una situación aún peor de la que ahora se
encuentran”, afirmó.
