Publicado el 26/6/2014
González apuntó que las cartas remitidas a las familias con impagos de las cuotas de la comunidad forman parte del procedimiento administrativo al que está obligado el Instituto Canario de la Vivienda tras la presentación de la denuncia de las comunidades de vecinos, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.
Asimismo, subrayó que la voluntad del Ejecutivo autonómico "es, como ha sido siempre, mediar en estos conflictos para que las familias sin recursos puedan alcanzar un acuerdo con su comunidad de pago aplazado o prestación de servicios, si carecen de recursos económicos".
En relación a los inquilinos de viviendas protegidas de promoción pública, apuntó que abonan unas cuotas de alquiler subvencionadas hasta en un 99 por ciento cuando sus ingresos son "muy escasos, por lo que pagan un alquiler simbólico y las cuotas de la comunidad son acordadas por las comunidades de vecinos". Añadió que en el caso concreto de las promociones de viviendas del barrio de Jinámar las cuotas de las comunidades de vecinos "rondan, en su mayoría, los 10 euros mensuales".
Asimismo, apuntó que existen situaciones de impago de la comunidad "muy antiguas, que no son puntuales por la crisis actual", reconociendo que de perpetuarse en el tiempo "ocasionan graves perjuicios" en las comunidades de vecinos, de ahí que consideró que "lo más adecuado es resolverlo cuanto antes".
"El Gobierno actúa tras las denuncias de las comunidades de vecinos y porque entiende que el grave problema que ocasiona en el bienestar de los inquilinos un impago largo en el tiempo", apuntilló.
Finalmente, indicó que actualmente son 17.000 familias las que residen en Canarias en una vivienda en régimen de alquiler social, la mayoría de ellas con subvención del Gobierno canario, por lo que "pagan desde 2 a 90 euros de mensualidad. Unos alquileres que no se ofertan en ninguna comunidad autónoma y que están permitiendo atender a las familias con ingresos muy, muy escasos".
