El Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana no tendrá finalmente que indemnizar a la Familia del
Castillo por la ocupación municipal de los 19.356 metros cuadrados que tienen
el Cementerio de Pedrazo, sus aparcamientos principal y auxiliar, sus viales de
acceso y las zonas libres aledañas a dicho camposanto.
Con una nueva sentencia
favorable del Tribunal Superior de Justicia sobre este asunto, el Ayuntamiento
evita tener que indemnizar a la Familia del Castillo con una cantidad
millonaria por el valor de aquel suelo y sus posibles usos.
En su momento y en el ámbito
del Plan General, la Familia del Castillo solicitó del Ayuntamiento una
indemnización por ocupar sin mediar ningún procedimiento expropiatorio los
terrenos del Cementerio Municipal de Pedrazo y su zona de influencia en un
radio de 500 metros cuadrados a la redonda, considerándolos de su propiedad.
El asunto llegó al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas, donde el 8 de octubre de 2009
se dictó sentencia favorable al Ayuntamiento estimándose que los terrenos eran
de titularidad municipal “por usucapión”, por el uso continuado pacífico y
público de los mismos durante más de treinta años de forma ininterrumpida, sin
que constara ninguna reclamación.
Además, en dicha sentencia se
expresaba que tales bienes de dominio público constaban en el inventario de
propiedades de la Corporación, que los había poseído de forma ininterrumpida
desde la construcción del camposanto en 1958.
Recibos de nichos
Para garantizar su
titularidad, el ayuntamiento aportó en aquel pleito como pruebas periciales
recibos de nichos de aquella época e incluso testimonios de los sepultureros
que habían prestado servicio en aquel cementerio.
En defensa del Ayuntamiento
los servicios jurídicos municipales también aportaron un acuerdo plenario del 7
de abril de 1957 donde se alude a que las obras del cementerio, que se
inauguraría el 18 de julio de aquel año, por falta de las subvenciones
prometidas por los organismos
provinciales se ejecutaría “con cargo a la prestación personal y a las posibles
aportaciones del ayuntamiento” y, también, gracias a las ayudas económicas y
materiales que gestionaría entre el empresariado de la zona una comisión que
formaron el alcalde Enrique Jorge García y el concejal de barrio Marcial Franco
Jiménez.
En aquel mismo acuerdo plenario también se recogía la
necesidad de oficiar al Conde de la Vega Grande de Guadalupe, Alejandro del
Castillo y del Castillo, que señalara y confirmara la donación del terreno que
había hecho al Ayuntamiento para la edificación del camposanto.
Asimismo, el Ayuntamiento también
otro acuerdo plenario del 6 de junio de 1957, donde se acordaba aprobar el
proyecto técnico de construcción del cementerio y exponerlo al público por
espacio de 15 días para escuchar reclamaciones.
La Familia Condal argumentó a
su favor la inscripción de la finca matriz en el Registro, sin que nunca se
hubiese segregado la parte destinada al cementerio, la titularidad de la finca
en el Catastro y el pago de los impuestos de la misma, y la supuesta ilegalidad
de incluir dicha finca como sistema general en el planeamiento municipal.
Ocupación consentida
Ahora, la sala segunda de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia frena
definitivamente la pretensión de la Familia del Castillo al emitir una nueva sentencia
favorable al Ayuntamiento, por la que se desestima el recurso de apelación que
la Familia del Castillo presentó contra aquella primera sentencia del 8 de
octubre de 2009 que también le fue desfavorable.
El Ayuntamiento siempre se
opuso al recurso de la Familia Condal contra aquella sentencia defendiendo que
la actuación municipal se trató de “una ocupación consentida y tolerada desde
1956”, y que en todo caso no había lugar a una indemnización “por ser incompatible
con la pasividad o consentimiento tácito a la ocupación durante muchos años”.
En esta última sentencia, el
Tribunal Superior esgrime como fundamentos que “es un hecho claro que los
recurrentes debieron conocer la existencia del cementerio municipal en sus
terrenos, sin que conste que hayan actuado hasta la fecha de la presente
reclamación”, cuestión ésta que podría entenderse como “tolerancia o
aquietamiento de los propietarios a la ocupación de los terrenos con destino a
cementerio municipal y en la calificación de la ocupación como posesión en
concepto de dueño, continuada, pública y pacífica desde 1.958, con la
consecuencia de dar por acreditada la prescripción adquisitiva extraordinaria a
favor del Ayuntamiento en aplicación del artículo 1951 del Código Civil”.
Matiz relevante
El Tribunal también concluye
que “la posesión municipal ha sido pacífica desde su comienzo en 1958”, y que
ese dato constituye para el mismo Tribunal “el matiz más relevante del caso,
pues evidentemente una posesión pacífica y no interrumpida de la Administración
excluye la vía de hecho (utilizada por la Familia Condal para el recurso), al
margen de que dicha posesión haya dado lugar o no a la prescripción
adquisitiva”.
También sostiene en su
argumentario el Tribunal que “hay que tener en cuenta, como dato inicial, que
la parte del cementerio ocupada por el recinto amurallado, delimitado en una
extensión de 3.116 metros cuadrados, es poseída por el Ayuntamiento desde
1.956, sin que conste indicio alguno de oposición por parte de la propiedad,
siendo lógico inferir que dicha posesión se extendía a los terrenos inmediatos
como inseparablemente unidos al uso del cementerio del recinto amurallado”.
Y al respecto añade el
Tribunal la existencia de “una cierta desviación” en la demanda por parte de la
Familia Condal, al incluir la totalidad de los terrenos ocupados toda la zona
de influencia del cementerio amurallado, como los viales, los aparcamientos y
las zonas verdes libres. “No puede valorarse de forma separada o desconectada de
lo que es el recinto amurallado al que pertenece o del que forma parte
inseparable”, afirma la sentencia del Tribunal, en el que también se argumenta
como conclusión probatoria de la sentencia recurrida, que los terrenos objeto
de demanda figuran en el Plan General vigente con la calificación Sistema General
“precisamente por su destino al equipamiento público, lo que significa que el
planeador los califica en lo que era su realidad urbanística”, y que aparecen
incluidos en el Inventario de Bienes Municipales como ‘Cementerio Municipal de
Pedrazo’