Según se desprende del Decreto 174/2018 de 24 de enero de 2018 se acuerda por
Juan Mencey Navarro Romero, concejal de Urbanismo, orden de cierre de un
restaurante en Puerto Rico. Dicha orden fue encomendada al jefe de Servicio y a tres
agentes más que se personaron en el restaurante para ejecutar el precinto, sin
embargo el propietario del negocio impidió el precinto alegando que el establecimiento
en ese momento estaba ocupado por al menos 30 comensales y que quería evitar una
alteración del orden y consecuentemente dar una mala imagen del municipio turístico
de Mogán; de igual manera el propietario instó a los agentes a que le formulasen la
correspondiente denuncia.
Tras estos hechos y tras tener conocimiento de la versión de los agentes, la alcaldesa
Onalia Bueno, se avoca las competencias delegadas en la Junta de Gobierno
incoando unilateralmente un expediente disciplinario que ha culminado cautelarmente
en la suspensión provisional de funciones de los cuatro policías durante un periodo de
6 meses por no haber ejecutado el precinto del citado local.
El Partido Popular incide en que “casualmente” se da la circunstancia de que uno de
los agentes expedientados es el representante sindical de UGT, el cual ha
desempeñado una lucha activa en defensa de los derechos de los policías durante
todo este mandato del gobierno de Ciuca- Psoe.
Para Maicol Santana , portavoz de los populares, la medida emprendida contra estos
cuatro agentes es totalmente desproporcionada a la par que abusiva y en esta línea el
grupo popular solicitará en los próximos días la convocatoria de un pleno
extraordinario que aclare los hechos sucedidos. Asimismo el Partido Popular se
posiciona en una actitud solidaria con los policías sancionados y espera que esta
actuación del grupo de gobierno no sea una medida represora de aquellos que no son
de la misma cuerda política.
