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La seguridad de los usuarios es la clave de su puesta en marcha.
Este es el primer decreto de los que regularán la celebración de una consulta sobre el petróleo.
Y es que al no tener acceso al Instituto Nacional de Estadística, el gobierno de Canarias abrirá una lista en la que se podrá apuntar todo ciudadano o entidad que quiera participar en la consulta, que aún no tiene fecha. Fue Paulino Rivero quien dijo que sería a final de año.
Porque todavía queda aprobar otro decreto donde se regulará el referéndum popular. Sobre todo los aspectos logísticos.
El número de colegios, de urnas y los costes, aún no han sido desvelados. Y en lugar de interventores o presidentes de mesa habrá un comité de garantía. El gobierno canario insiste, la va a hacer sí o sí. Mientras, desde el ministerio de industria se advierte de que los sondeos petrolíferos no son competencia de las autonomías, y que Canarias cometería un acto inconstitucional con ese referéndum.