10.788 botellas de alcohol ilegales en Agüimes.

La Guardia Civil denuncia diferentes infracciones a normativas de etiquetado y residuos en 10788 botellas de bebidas alcohólicas

· La intervención, realizada con inspectores del Gobierno de Canarias, fue realizada en un almacén del municipio de Agüimes el pasado mes de septiembre

04 de octubre de 2017.- Agentes de la Guardia Civil de la Patrulla Fiscal y de Fronteras, junto con la patrulla del SEPRONA de Vecindario y el servicio de inspección del Gobierno de Canarias sobre Calidad Agroalimentaria, han inmovilizado 10788 botellas de diferentes bebidas alcohólicas (7.436 litros) que incumplían diferentes disposiciones normativas relacionadas con la normativa de etiquetado y de residuos.

En virtud de las labores de vigilancia y prevención de contrabando y de resguardo fiscal, la Patrulla Fiscal de Vecindario, coordinándose con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), realizó el pasado día 19 una inspección en un almacén del citado municipio de Gran Canaria, donde comprobaron y denunciaron las siguientes irregularidades:

-Infracción a la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, según lo dispuesto en la normativa sobre información facilitada al consumidor, al comprobar que las bebidas alcohólicas carecían de etiquetado en Español, dado que algunas bebidas contenían alérgicos tales como lactosa, o extractos de frutas o cereales, con lo que no se facilitaba la correcta información al consumidor, lo que puede dar lugar a sanciones que alcancen los 20.000 euros.

-Infracción a la 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, ya que carecían del preceptivo y obligatorio inscripción del punto verde de reciclado, infringiendo concretamente el artículo 38.3, por ejercer la actividad y comercializar productos de forma contraria a lo previsto en la Ley, al incumplir las normas de reciclado, lo que puede conllevar posibles sanciones desde 3.000 a 30.000 euros.

Todo el material denunciando fue inmovilizado en el almacén inspeccionado, siendo la empresa denunciada ante el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, y la Agencia de Protección del Medio urbano y Natural.

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