Denuncian a un pesquero profesional por faenar ilegalmente cerca de La Isleta.

La Guardia Civil en una zona protegida de Gran Canaria

· Los agentes del Servicio Marítimo Provincial sorprendieron a la embarcación desplegando dos redes, de tipo cazonal, que sumaban 700 metros de largo en la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Isleta

· Las redes habían sido colocadas por los infractores para cerrar un caletón de aproximadamente 700 metros, desde el morro del Pulpo hasta la punta del Sangriento

· Un ciudadano colaboró con los agentes para la localización del extremo final de la red, ya que observó desde tierra como los autores las habían colocado desde un principio


14 de agosto de 2017.- Agentes del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil de Las Palmas a bordo de la patrullera Río Tambre, realizando funciones de vigilancia del litoral de Gran Canaria, sorprendieron en torno a las 19:00 horas del pasado día 01 a una embarcación de pesca profesional, con base en La Puntilla de Las Canteras, mientras terminaba de desplegar unas redes de pesca del tipo cazonal en un área bajo la protección medioambiental de la Red Natura 2000.

Identificación de la embarcación infractora
La tripulación de la patrullera, mientras realizaban funciones de vigilancia del litoral de Gran Canario, observaron en la zona noroeste de la Isleta a un buque pesquero terminando de desplegar unas redes o artes de enmalle, que luego resultaron ser del tipo cazonal, en una zona costera próxima al litoral del barrio de Las Coloradas.

Inmediatamente se dirigieron a su encuentro, mientras el buque sorprendido intentaba huir del lugar donde depositó las referidas redes, manifestando a los agentes en un primer momento que habían lanzado nasas.

Los agentes del SMP requirieron la identificación de los dos tripulantes y de la embarcación, con puerto en La Puntilla-La Isleta y seguidamente comprobaron que aquellos habían desplegado en el mar, a una profundidad de 8 metros, (la mínima permitida es de 25 metros en lugares autorizados) dos redes unidas de aproximadamente 700 metros de largo, iniciando su recogida.

Un ciudadano que se hallaba en la costa fue testigo del momento en que los infractores empezaron a desplegar el arte de pesca. Éste, al observar la intervención de los agentes del Servicio Marítimo sobre el pesquero, alertó a la Central Operativa de la Guardia Civil (062), para informar sobre el despliegue de la red con respecto a la orografía del litoral, facilitando la labor de los mismos.

Las infracciones se detectaron en la Zona de Especial Conservación de La Isleta
Este enclave se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial de Conservación (ZEC), figura contenida en la Red Natura 2000 cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies, tales como la tortuga boba, el delfín mular y los hábitats naturales más amenazados de Europa (arrecifes y bancos de arena), contribuyendo a paliar la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto de las actividades humanas.

La ZEC se encuentra gestionada de manera que se garantice la protección y la conservación de los tipos de hábitats naturales y las especies de interés comunitario presentes en el espacio, adoptándose las medidas de conservación necesarias para alcanzar un equilibrio sostenible entre el desarrollo de los usos y actividades en la zona y la conservación de los valores naturales que las contiene.

Una de estas medidas de conservación concretas para la ZEC de La Isleta ya venía contemplada en el Anexo I del Decreto 182/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, prohibiendo en las agua interiores la pesca con redes de enmalle (cazonal) en esta parte de la Isleta. Del mismo modo, se prohíbe este tipo de artes de pesca en las aguas exteriores, quedando regulado por la Orden del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente AAA/2536/2015, por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y el plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario.

Como agravante de los hechos, las redes habían sido colocadas por los infractores para cerrar un caletón de aproximadamente 700 metros, concretamente desde el morro del Pulpo hasta la punta del Sangriento, por lo tanto este hecho en sí sólo, ya es una práctica prohibida conforme al artículo 17 b del Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias, así como calar el arte de pesca a menos de 25 metros de profundidad.

Traslado a Puerto y colaboración de los agentes de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias
Debido a las dimensiones del arte de enmalle y del tiempo invertido en su extracción del mar, los Agentes ordenaron a la tripulación del buque infractor que regresaran a su puerto dada la proximidad del ocaso (además el mismo no tenía permitida la navegación nocturna), permaneciendo en el lugar hasta que sacaron todas las redes, llegando a puerto en torno a las 23:00 horas.

Durante la mañana del día siguiente se dio aviso a los agentes de Inspección Pesquera de la Viceconsejería del Gobierno Autonómico, quienes se encargaron de la medición oficial de las artes de pesca intervenidas y de su depósito hasta la resolución del expediente sancionador. El resultado oficial de la medición de las redes confirma las mediciones realizadas por los Agentes del Servicio Marítimo y describe las balizas del arte de pesca con botellas de plástico que contenían luces químicas (para extraer las redes de noche), así como la falta de boyas de identificación reglamentarias.

Los tripulantes de la embarcación de pesca profesional denunciada, debido al número de infracciones cometidas, el lugar de ocurrencia de los hechos y su importancia medioambiental, se podrían enfrentar a la apertura de un expediente sancionador por infracción muy grave instruido por la citada Viceconsejería de Pesca del Gobierno Autónomo de Canarias, en base al art. 71 f de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, por realizar actividades que causen o que por sus características puedan causar daños graves a los recursos marinos en las zonas declaradas protegidas, con sanciones aparejadas de entre 60.001 a 300.000 euros.

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