Vertedero ilegal en Almatriche.

La Guardia Civil realiza varias denuncias por un vertedero ilegal en Gran Canaria

* El SEPRONA inició un operativo a raíz del aviso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -a finales del mes de septiembre del 2016- al hallarse en unos almacenes abandonados de su término municipal

* Los mismos eran utilizados por diferentes empresas y operarios para verter gran cantidad de residuos sin ningún tipo de control

* Las instalaciones fueron finalmente cerradas por el legítimo propietario a instancias de la Guardia Civil

* Las multas leves pueden llegar hasta los 3.000 euros

17 de marzo de 2017.- Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en Gran Canaria, han colaborado en el cierre de un vertedero ilegal situado en el barrio de Almatriche del citado municipio, denunciando 17 infracciones administrativas relacionadas con las leyes y normativas de tratamiento de residuos sólidos.

Aviso del Ayuntamiento
A consecuencia del aviso de la citada entidad municipal, por un vertedero ilegal situado en unos almacenes y terrenos de titularidad privada -en el barrio de Almatriche- el SEPRONA inició una investigación para comprobar los hechos descritos.

Primeras denuncias
De esta manera las patrullas del SEPRONA, entre octubre y diciembre del pasado año, realizaron diferentes inspecciones y vigilancias en el lugar de los hechos, encontrándose ante un vertedero ilegal, sin ningún tipo de adecuación o control legal –tal como establecen los principios generales del Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias- que amparase la actividad.

Además la Guardia Civil identificó a dos personas que presuntamente dirigían o controlaban este vertedero ilegal, a los que denunciaron por diez infracciones administrativas diferentes (cuatro y seis respectivamente) a las siguientes normativas:

1. Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias, sobre todo por carecer de la preceptiva autorización prevista en las normas legales sobre residuos; también por el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso; además de resistirse a la inspección o control sobre la producción, transporte o gestión de residuos que no tengan la consideración de peligrosos.

2. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, sobre todo por carecer de documentación preceptiva de entrega de residuos de construcción del poseedor al gestor.

3. Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por infracción al artículo 202, apartado 3b, debido a la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de los títulos administrativos que legitimen la actuación al respecto.

Los denunciados cobraban una especie de canon a las personas que querían depositar allí los residuos, siempre mucho más barato que los que cobraban los gestores de residuos autorizados.

Paralelamente el SEPRONA realizó las gestiones pertinentes para localizar al propietario de los terrenos, con el fin de instarle a adoptar las medidas necesarias para el cierre del vertedero ilegal, lo cual se ejecutó el pasado día 15 del presente mes.

Denuncias a conductores
Además los agentes, hasta el presente mes de marzo, denunciaron a otras siete personas que realizaron también residuos en el mencionado vertedero, por diferentes infracciones a la citada Ley 1/1999, o incluso una a la Ley 22/2011, de residuos sólidos y contaminados, ya que uno de los camiones transportaba diferentes productos químicos como latas de pinturas o disolventes.

Todas las denuncias han sido remitidas a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, encargado de tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.

En Canarias existen diferentes centros autorizados para el tratamiento de residuos en base a la citada Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias.

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