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Rechazo a las declaraciones del presidente de Repsol sobre Canarias.

El rechazo a las declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, que calificó de “tercermundista” la postura contraria de sociedad e instituciones canarias a las prospecciones petrolíferas en aguas del Archipiélago, será uno de los temas que debatirá el Cabildo de Gran Canaria en el pleno de este viernes.
La moción presentada por el grupo de gobierno considera las palabras del dirigente de la petrolera como una “descalificación y una ofensa resentida”, además de calificarlas de “groseras y arrogantes” propias de una “mentalidad colonial” expresada con un “lenguaje despótico que ofende a la dignidad colectiva”.

La iniciativa busca, además, el consenso para trasladar el acuerdo de rechazo que exprese, en su caso, el pleno del Cabildo a los socios de referencia de Repsol, al presidente de Sacyr y al de Caixabank.

La petición llega avalada por la denuncia de la Fundación César Manrique cuyos portavoces han calificado la afirmación de Brufau de “ultraje” que merece “una condena pública y una inmediata petición de disculpa” por parte del presidente de la compañía petrolera.

En la exposición de motivos, la moción hace un recorrido por los hitos del intento de Repsol de realizar prospecciones petrolíferas en aguas canarias, iniciativa que se remonta al año 2001 y que contó inicialmente con el permiso pertinente, que sin embargo fue recurrido por instituciones, asociaciones y partidos políticos ante el Tribunal Supremo, órgano que anuló dicha concesión.

El intento de Repsol, prosigue el texto, quedó durante años en suspenso, mientras el mundo se estremecía al observar la catástrofe ecológica ocasionada en las costas del sureste de Estados Unidos por una marea negra que afectó a casi 1.000 kilómetros de su litoral en 2010 y que sirvió para que la sociedad tomara aún más conciencia de los peligros que la extracción de petróleo supone para las tierras más cercanas.

Sin embargo, ya desde la llegada al gobierno del Partido Popular en 2011 con mayoría absoluta y el posterior nombramiento de José Manuel Soria como ministro de Energía, subraya, la cuestión volvió a considerarse como posible, y el ministro canario suscribió un real decreto que convalidó el suspendido en 2001, otorgando a la petrolera los permisos para realizar las prospecciones petrolíferas y desoyendo una propuesta no de ley del Congreso que pedía su paralización.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo publicó una directiva en la que restringía las leyes que permiten la extracción de crudo en aguas de su jurisdicción, limitaba las normas comunitarias para la concesión de licencias de este tipo y hacía responsable de los daños medioambientales a las petroleras y gasísticas que realizaran la actuación.

La decisión de Soria fue nuevamente llevada ante el Supremo, con el argumento de que los estudios de impacto medioambiental eran insuficientes y faltos de rigor, lo que desestimó el órgano judicial y dio luz verde a la realización de las prospecciones, de las que finalmente resultó que no se daban las condiciones adecuadas para extraer fuel en la zona.

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