En los últimos ocho meses, el Gobierno ha sumado 160 nuevas casas en alquiler social para las familias en situación de exclusión social.
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, presentó hoy la nueva herramienta digital de la Oficina de Intermediación del Gobierno de Canarias, viviendacanaria.com, un portal que constituye "un potente instrumento para luchar contra los desahucios y lanzamiento de familias sin recursos". La Oficina de Intermediación Hipotecaria del Gobierno de Canarias ejerce estas funciones a través de las propias oficinas del Instituto Canario de la Vivienda, dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Según explicó Hernández, la presentación de esta enlace digital se produce en un momento en el que el que por parte de la Consejería se han parado los desahucios por parte de entidades financieras. De hecho, "en los últimos ocho meses, se ha intervenido directamente en más de un centenar de casos de personas afectadas por un desahucio", explicó la vicepresidenta.
La nueva herramienta digital se viene a sumar a la labor de asesoramiento que desde el Instituto Canario de la Vivienda ya se lleva a cabo en esta materia, ofreciendo a la ciudadanía información variada y orientación sobre los recursos que pueden utilizar en caso de enfrentarse a un desahucio, tanto de origen hipotecario como entre particulares.
"Se trata de equilibrar fuerzas y que las personas sepan que la Administración está para apoyarles, especialmente, cuando se trata de personas o familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social", afirmó Hernández quien subrayó que "nuestro objetivo es evitar que el ciudadano tenga que abandonar su vivienda y, en caso de tener que hacerlo, ofrecerle una solución habitacional alternativa".
En su intervención, la vicepresidenta agradeció a las plataformas antidesahucios la labor realiza durante los últimos años en apoyo de la ciudadanía "porque llenaron un vacío que habían dejado las Administraciones que no ha adoptado medidas efectivas en defensa de las familias más necesitadas". Asimismo, agradeció la colaboración que en estos meses se ha tenido por parte de los ayuntamientos, los cabildos, el Diputado del Común, las entidades financieras y las propias plataformas antidesahucios en la diseño del contenido y herramientas de viviendacanaria.com.
Por su parte, el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, explicó que este portal responde a la premisa de la vicepresidenta de actuar "desde el minuto cero para evitar los desahucios y que las familias se quedaran sin las viviendas donde han planificado su proyecto de vida". "Este enlace digital responde a esa premisa y se concibe como un instrumento más que viene a apoyar la labor que en este sentido ya ha venido realizando el Instituto", aclaró.
160 viviendas de alquiler social para familias sin recursos
Hernández recordó que, en los últimos se han establecidos acuerdos con Bankia y Sareb y, recientemente con CaixaBank, lo que permite que se cuente con 160 casas para alquiler social que se ponen a disposición de las familias y personas en esta situación.
"Sin embargo, nuestro fin es actuar incluso antes de que se llegue a producir un lanzamiento, por eso, se ha remitido ya al Consejo General del Poder Judicial un convenio de colaboración que ha sido elaborado con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que permitirá establecer unos canales de información prioritarios de tal forma que el Instituto Canario de la Vivienda tenga conocimiento de casos de lanzamiento y pueda actuar evitando, si es posible, el desahucio o buscando una solución habitacional", indicó.
Entre los servicios a los que pueden acceder los ciudadanos a través de esta nueva web, se incluyen orientación y asesoramiento a las personas y familias insertas, o que puedan verse insertas, en un procedimiento de ejecución hipotecaria de los recursos, derechos y trámites que les asisten en tal situación; asesoramiento y apoyo social a aquellas personas que puedan verse insertas en un procedimiento de ejecución hipotecaria; asesoramiento jurídico a aquellas personas que sean objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria e intermediación con las entidades acreedoras a fin de encontrar soluciones acordadas entre éstas y el deudor para aquellas situaciones que tienen perspectiva de mejora o que, con determinados cambios en la relación pueden conseguir soluciones efectivas que impidan una ejecución hipotecaria.