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"Cardona pone al Ayuntamiento al borde de pagar 18 millones" Santana.

Santana: 'La mala gestión de la política del agua por parte de Cardona pone al Ayuntamiento al borde de pagar 18 millones de euros'

El concejal de Aguas asegura que se está valorando económica y jurídicamente la posibilidad de presentar un recurso contra la sentencia conocida ayer, que condena al Consistorio a pagar a Emalsa 16 meses de facturas no abonadas entre enero de 2013 y abril de 2014

“El Ayuntamiento está explorando las consecuencias del agujero que el señor Cardona y el PP han generado al bolsillo de todos los vecinos de esta capital por negarse a a abonar tres años de facturas a Emalsa”, aseguró Santana
Las Palmas de Gran Canaria, jueves 4 de febrero de 2016.-

El concejal de Aguas y Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto Santana, valoró hoy el alcance de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de esta capital, que condena al Ayuntamiento a pagar a la empresa mixta de aguas, Emalsa, más 6,6 millones de euros por el impago de las facturas del servicio de saneamiento entre enero de 2013 y abril de 2104, y otros 600.000 euros por intereses de demora. El concejal señaló al anterior gobierno municipal del Partido Popular (PP), y al exalcalde Juan José Cardona, como los responsables directos del “agujero económico” que debe afrontar ahora la administración local.

“La sentencia conocida ayer es muy clara: el Ayuntamiento está obligado a pagar las facturas que Emalsa está reclamando al Ayuntamiento desde enero de 2013”, explicó Santana, “ahora, en este momento, el Ayuntamiento está explorando las consecuencias del agujero que el señor Cardona y la Corporación anterior han generado al bolsillo de todos los ciudadanos de esta capital porque esta sentencia sólo se refiere a 16 meses de impagos, de enero de 2013 a abril de 2014”. El concejal de Aguas recalcó que aún quedarían por pagar otros 19 meses de facturas por el servicio de saneamiento a Emalsa. “Por eso este agujero de 7,2 millones que nos obliga a pagar ahora la sentencia, podría llegar, sumando los intereses, a los 18 millones si, como nos obliga la Justicia, pagamos los tres años del servicio de saneamiento que el anterior gobierno del Partido Popular dejó de pagar por su mala gestión en la política de aguas”, añadió Roberto Santana.

El concejal de Aguas recordó que la reclamación de Emalsa para cobrar las facturas del saneamiento están justificadas en base al contrato que se firmó en 1998 por el que la compañía mixta prestaría este servicio a la ciudad. “La sentencia es bastante clara y rebate los argumentos que Cardona y su gobierno esgrimieron para evitar el pago del saneamiento hace tres años, y es que, como dice la jueza, el contrato de saneamiento firmado por otro alcalde del PP en 1998, José Manuel Soria, estipula que se pagará un fijo mensual a Emalsa según los metros cúbicos de agua suministrada”, aseguró Santana, “en ningún caso ese contrato de saneamiento incluye cláusulas en las que se exija a la empresa Emalsa un control de calidad sobre la depuración, como reclamaba Cardona. Durante 15 años todos los gobiernos municipales cumplieron con este contrato y sólo Cardona y su gobierno fueron los que pusieron en duda la idoneidad del mismo. La consecuencia es que ahora el Ayuntamiento, y con él todos los vecinos de esta ciudad, se enfrenta al pago de 18 millones de euros por no pagar en su momento las facturas que el PP dejó de abonar”.

Roberto Santana acusó al anterior gobierno de “judicializar” un proceso que podría haberse resuelto con negociación entre la administración y la empresa. “Si Cardona y el PP tenían dudas sobre la calidad del servicio de saneamiento que realiza Emalsa, lo que tenían que haber hecho, por sentido común, era ir a los tribunales y denunciar el contrato de 1998, que insisto, suscribió José Manuel Soria. O haber negociado con la empresa un mayor control del servicio”, relató el concejal de Aguas, “este mayor control es, precisamente, lo que ha realizado el actual gobierno municipal, negociar con Emalsa y acordar la creación de un comité de técnicos del Ayuntamiento que van a revisar y supervisar tanto el contrato de 1998, como la calidad del servicio que presta a la ciudad la compañía de aguas”.

El concejal de Aguas informó que se está en fase de valoración del alcance de la sentencia por parte de la asesoría jurídica municipal, por si se decide recurrir la misma ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. “Cabe posibilidad de recurso de apelación, hoy la estamos estudiando, y veremos si recurrimos o no”, dijo Santana, “esa decisión va a depender de algo muy evidente que es, teniendo en cuenta los intereses de los vecinos de esta ciudad porque en definitiva el dinero es de ellos, si va a resultar más gravoso para el Ayuntamiento el recurso o no. Si recurrimos, la siguiente sentencia podría demorarse como mínimo un año más, por lo que los intereses, que ahora son de algo más de 600.000 euros, podrían elevarse al doble. Pero hay que explorar también las consideraciones jurídicas del caso”.

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