Actuar en este tipo de casos es una cuestión de
responsabilidad social. Por el contrario, quienes alientan –por razones
políticas o de provecho económico- la continuidad de las familias en el
edificio están anteponiendo los beneficios económicos particulares sobre el
derecho a una vivienda digna y segura.
La situación del
edificio situado en la C/ León y Castillo 46-48 en Sardina del Sur, conocido
como Edificio Las Brisas, es la situación de un edificio residencial en obras,
sin regularizar por su promotor. Es una situación similar a la de muchos
edificios en toda Canarias, y también en el municipio de Santa Lucía,
construidos al albor del boom inmobiliario y que con la llegada de la crisis no
han finalizado las obras. La principal diferencia con todos esos edificios sin
terminar es que en este caso el promotor ha decidido lucrarse alquilando de
manera irregular esas viviendas.
Los trámites para
edificar y dar la primera ocupación a una vivienda están determinados por ley.
No es algo sobre lo que pueda decidirse. La licencia de primera ocupación es un
acto reglado, bien definido; lo que significa que si cumple las condiciones
exigidas legalmente se otorga, y si no, no se puede conceder.
El expediente que
se cursa en relación con este edificio se inicia por la denuncia de una
inquilina del propio edificio que pone de manifiesto la existencia de unas
instalaciones que ponen en riesgo su seguridad, además de las molestias
generadas por las vibraciones y el ruido de un motor en marcha durante las 24
horas del día. A raíz de ello, personal técnico del Ayuntamiento de Santa Lucía
realiza una visita y comprueba la situación denunciada, conociendo que en el
tejado del inmueble se sitúa un motor con 3.000 litros de combustible, que hace
soportar a la estructura un peso cinco veces superior para el que está
preparada.
El Grupo Político de Nueva Canarias en Santa
Lucía tiene claras las prioridades hacia sus vecinos y vecinas: bienestar y seguridad. Ambas, sin
excluir ninguna de las dos, hacen que la protección de la vida de las personas
esté por encima de los intereses económicos de un promotor. De esta situación,
las principales víctimas son los vecinos y vecinas del edificio. Familias que
han manifestado sentirse engañadas y que han visto como un empresario juega con
su derecho a una vivienda digna. Lo hace ofreciendo un techo por debajo del
precio de mercado, sin explicar la situación del edificio, ni las condiciones
de inseguridad e insalubridad con que se van a encontrar las personas que
firman el contrato. El “gancho”, como se denomina en términos de marketing, es
el precio del alquiler y así se hace saber en la publicidad que da a su
edificio en obras. Un precio imposible de igualar para quienes se dedican al
negocio inmobiliario cumpliendo la legalidad. En realidad, el precio de este
tipo de actividad recae sobre el inquilino traducido en inseguridad, mientras
que el promotor se ahorra los costes de
finalización del edificio. Costes de finalización que no responden a estética ni
embellecimiento sino a condiciones de seguridad y salud para las personas que
allí viven.
La solución para hacer el edificio habitable está
determinada por la ley, y no por ninguna administración local, y consiste en
presentar la documentación correspondiente y completar las dotaciones de los servicios
de manera adecuada. Actuar en este tipo de casos es una cuestión de
responsabilidad social. Por el contrario, quienes alientan –por razones
políticas o de provecho económico- la continuidad de las familias en el
edificio están anteponiendo los beneficios económicos particulares sobre el
derecho a una vivienda digna y segura. Nueva Canarias en Santa Lucía no apoya
ese tipo de conductas populistas y que, más allá de defender los derechos de
las personas, buscan un culpable político en vez de una solución clara y
directa: la regularización de la situación del edificio.
La labor del
personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía con los vecinos
y vecinas que se encuentran alquilando en este edificio ha consistido desde el
primer momento en apoyar y asesorar ante esta dura situación. Ayudar y
acompañar aquellas situaciones familiares que lo precisen, evaluando las
necesidades de las familias y según su situación económica ofreciendo ayudas
municipales al alquiler y de alimentos. Iniciando los trámites de ayudas de
otras administraciones, tramitando solicitudes de ayudas al alquiler de
vivienda del Cabildo Insular de Gran Canaria y derivando a la Dirección General
de Vivienda del Gobierno de Canarias para que se solicite vivienda de alquiler
social.
Nueva Canarias
Santa Lucía seguirá denunciando situaciones como ésta, en la que un empresario
antepone sus propios beneficios económicos a la seguridad y al derecho a una
vivienda digna. Nueva Canarias Santa Lucía apoya la importantísima labor de los
Servicios Sociales ante la situación de indefensión generada por el promotor y
confía en que la justicia actúe ante este tipo de prácticas para que no se
repitan.
Santa
Lucía, 27 de enero de 2016.
Nueva
Canarias Santa Lucía