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"La solución con el edificio Brisas de Sardina es cumplir la ley" Nueva Canarias Santa Lucía.

SITUACIÓN DEL EDIFICIO LAS BRISAS DE SARDINA DEL SUR
Actuar en este tipo de casos es una cuestión de responsabilidad social. Por el contrario, quienes alientan –por razones políticas o de provecho económico- la continuidad de las familias en el edificio están anteponiendo los beneficios económicos particulares sobre el derecho a una vivienda digna y segura.
La situación del edificio situado en la C/ León y Castillo 46-48 en Sardina del Sur, conocido como Edificio Las Brisas, es la situación de un edificio residencial en obras, sin regularizar por su promotor. Es una situación similar a la de muchos edificios en toda Canarias, y también en el municipio de Santa Lucía, construidos al albor del boom inmobiliario y que con la llegada de la crisis no han finalizado las obras. La principal diferencia con todos esos edificios sin terminar es que en este caso el promotor ha decidido lucrarse alquilando de manera irregular esas viviendas.
Los trámites para edificar y dar la primera ocupación a una vivienda están determinados por ley. No es algo sobre lo que pueda decidirse. La licencia de primera ocupación es un acto reglado, bien definido; lo que significa que si cumple las condiciones exigidas legalmente se otorga, y si no, no se puede conceder.
El expediente que se cursa en relación con este edificio se inicia por la denuncia de una inquilina del propio edificio que pone de manifiesto la existencia de unas instalaciones que ponen en riesgo su seguridad, además de las molestias generadas por las vibraciones y el ruido de un motor en marcha durante las 24 horas del día. A raíz de ello, personal técnico del Ayuntamiento de Santa Lucía realiza una visita y comprueba la situación denunciada, conociendo que en el tejado del inmueble se sitúa un motor con 3.000 litros de combustible, que hace soportar a la estructura un peso cinco veces superior para el que está preparada.
El Grupo Político de Nueva Canarias en Santa Lucía tiene claras las prioridades hacia sus vecinos y vecinas: bienestar y seguridad. Ambas, sin excluir ninguna de las dos, hacen que la protección de la vida de las personas esté por encima de los intereses económicos de un promotor. De esta situación, las principales víctimas son los vecinos y vecinas del edificio. Familias que han manifestado sentirse engañadas y que han visto como un empresario juega con su derecho a una vivienda digna. Lo hace ofreciendo un techo por debajo del precio de mercado, sin explicar la situación del edificio, ni las condiciones de inseguridad e insalubridad con que se van a encontrar las personas que firman el contrato. El “gancho”, como se denomina en términos de marketing, es el precio del alquiler y así se hace saber en la publicidad que da a su edificio en obras. Un precio imposible de igualar para quienes se dedican al negocio inmobiliario cumpliendo la legalidad. En realidad, el precio de este tipo de actividad recae sobre el inquilino traducido en inseguridad, mientras que el promotor  se ahorra los costes de finalización del edificio. Costes de finalización que no responden a estética ni embellecimiento sino a condiciones de seguridad y salud para las personas que allí viven.
La solución para hacer el edificio habitable está determinada por la ley, y no por ninguna administración local, y consiste en presentar la documentación correspondiente y completar las dotaciones de los servicios de manera adecuada. Actuar en este tipo de casos es una cuestión de responsabilidad social. Por el contrario, quienes alientan –por razones políticas o de provecho económico- la continuidad de las familias en el edificio están anteponiendo los beneficios económicos particulares sobre el derecho a una vivienda digna y segura. Nueva Canarias en Santa Lucía no apoya ese tipo de conductas populistas y que, más allá de defender los derechos de las personas, buscan un culpable político en vez de una solución clara y directa: la regularización de la situación del edificio.
La labor del personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía con los vecinos y vecinas que se encuentran alquilando en este edificio ha consistido desde el primer momento en apoyar y asesorar ante esta dura situación. Ayudar y acompañar aquellas situaciones familiares que lo precisen, evaluando las necesidades de las familias y según su situación económica ofreciendo ayudas municipales al alquiler y de alimentos. Iniciando los trámites de ayudas de otras administraciones, tramitando solicitudes de ayudas al alquiler de vivienda del Cabildo Insular de Gran Canaria y derivando a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias para que se solicite vivienda de alquiler social.
Nueva Canarias Santa Lucía seguirá denunciando situaciones como ésta, en la que un empresario antepone sus propios beneficios económicos a la seguridad y al derecho a una vivienda digna. Nueva Canarias Santa Lucía apoya la importantísima labor de los Servicios Sociales ante la situación de indefensión generada por el promotor y confía en que la justicia actúe ante este tipo de prácticas para que no se repitan.
Santa Lucía, 27 de enero de 2016.

Nueva Canarias Santa Lucía

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