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Publicarán los bienes y el patrimonio de los Altos Cargos del Gobierno de Canarias.

El Gobierno adapta el Registro de intereses de Altos Cargos a la Ley canaria de Transparencia.
La modificación del decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Altos Cargos hace posible la publicación de los bienes y el patrimonio de estos en el BOC.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, anunció hoy la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la modificación del decreto 195/1997 de 24 de julio por el que se regulan la organización y el funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos a fin de adaptarlo a los requerimientos de la Ley 12/2014 de 26 de diciembre de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para posibilitar la publicación de los bienes y el patrimonio de los altos cargos en el Boletín Oficial de Canarias tras haber pasado por el Consejo Consultivo de Canarias.
La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública añadió un apartado 5 a la ley 3/1997, de 8 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que estableció que el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se publicará en el Boletín Oficial de Canarias en los términos previstos reglamentariamente y que para los bienes patrimoniales se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.

La Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad impulsó esta medida de manera simultánea a la presentación de un anteproyecto de Ley de Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno que incorporará al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben seguir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Ejecutivo regional a fin de reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones así como una actuación transparente y responsable por parte de quienes desempeñen esos cargos.


La norma recogerá tanto los requisitos de acceso a dichos cargos de responsabilidad, sus obligaciones, deberes e incompatibilidades así como las normas, principios, valores y reglas de actuación que deben seguir en el ejercicio de sus responsabilidades.

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